Abogado salvadoreño reitera denuncia de impunidad en su país

El abogado salvadoreño David Morales denunció este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington que en El Salvador sigue vigente la impunidad y que su país está en desacato con las recomendaciones de esa comisión.

El 10 de octubre de 2007 Morales fue despedido por el arzobispo de San Salvador monseñor Fernando Sáenz Lacalle, por expresar ante la CIDH su temor de que el gobierno salvadoreño estuviera buscando un acuerdo con la Iglesia Católica de espalda a las recomendaciones de esa comisión.

Pero durante una entrevista con MetroLatinoUSA, Morales quien ahora representa a la Comisión Pro Memoria Histórica de El Salvador, no sólo reiteró sus sospechas sino que denunció que hay un interés político del gobierno por ocultar la verdad.

—¿Por qué asegura que la impunidad sigue vigente en su país?
—Porque todavía permanecen libres los grandes violadores de los derechos humanos tras el conflicto que finalizó en 1992. Efectivamente El Salvador es uno de los estados de impunidad más férreos del continente y un precedente que debemos tomar en cuenta es que el estado salvadoreño se ha caracterizado por diferentes etapas del siglo XX en haber sido un país que aplicó el terrorismo como una política de estado, con particular fuerza en la década de los setenta y ochentas. Pero todavía sigue vigente la impunidad

—¿Cómo se da ese factor después que finalizó el conlicto?
—Tiene lugar una serie de políticas de impunidad y políticas de negación de la historia y de olvido que han revictimizado y han sumido en una situación de discriminación inaceptable a decenas de miles de familias salvadoreñas que sufrieron el terrorismo de estado, que fue posible porque a la vez había un estado de impunidad, fundamentalmente un sistema de justicia totalmente sometido al poder político, militar y económico. Los acuerdos plantearon como fundamental un proceso de reforma judicial profunda en nuestro país.

—¿Eso no se puso en práctica?
—Los poderes políticos y fácticos, y especialmente desde el poder ejecutivo este proceso de reforma judicial fue bloqueado, no se llevó adelante y de esta forma el país ha continuado manteniendo un sistema judicial débil y cuando enfrenta intereses políticos de poder no puede ejercer sin dependencia. Ahora El Salvador no tiene un aparato de justicia ni un aparato policial penal capaz de afrontar su situación actual de violencia y la tragedia salvadoreña  se ha prolongado más allá de la guerra con dos grandes efectos.

—¿Cuáles son los efectos de esa negativa?
—Uno es el de la discriminación de las víctimas de la guerra que como seres humanos tienen derecho a la verdad, a la justicia a las reparaciones adecuadas y este derecho incluso ha sido anulado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. El segundo es la situación de impunidad en los crímenes actuales, que derivan de la fragilidad de un sistema de justicia que ahora tenemos como consecuencia de haberse negado el adecuado cumplimiento de los Acuerdos de Paz en materia de derechos humanos.

—¿Cuál es la respuesta del gobierno salvadoreño?
—La respuesta a lo largo de los años ha sido incumplir reiteradamente las recomendaciones de CIDH, al grado que el año pasado negó incluso los resultados del informe de esa comisión en el caso de monseñor Romero. Así que el estado se encuentra en un franco desacato a la autoridad de CIDH y por tanto a la autoridad de la OEA misma.

—¿A qué se deberá el desacato del gobierno?
—Lo hace con el fin de proteger a pequeños grupos de poder en El Salvador, que aunque sean pequeños tienen un enorme poder político y que incluye a criminales de lesa humanidad. Estamos hablando de generales o de coroneles que devastaban zonas campesinas enteras, asesinando a centenares de mujeres, niños, ancianos, de directores de la tortura generalizada. Pero también estamos hablando de decenas de miles de víctimas que son como ciudadanos de segunda categoría porque no tienen derecho a conocer lo que pasó con sus

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