Polémica en Perú por ley sobre divorcio

LIMA (AFP) – La ley que permite a los peruanos divorciarse en tres meses en los municipios o notarías, y no tener que esperar más de dos años para que el Poder Judicial apruebe la separación legal, levantó polémica en Perú y críticas duras de la Iglesia Católica.

La polémica ley, que fue aprobada esta semana en el Congreso y necesita una segunda aprobación para pasar al ejecutivo para su promulgación, permite un divorcio llamado “rápido” en apenas tres meses a través de municipios y notarías locales.

La legisladora Rosario Sasieta, promotora de la ley, dijo que está orientada a desjudicializar el proceso de separación convencional, “es decir convertirlo en una separación administrativa, toda vez que se traslada la competencia del Poder Judicial a las municipalidades y notarías”.

“Comparto la idea de fortalecer a la familia, pero ante la existencia de parejas que no han resuelto su real estado civil por 15 ó 20 años por falta de dinero para tener un abogado, (y) forman familias paralelas, es necesario una norma que permita a las parejas divorciarse sin recurrir a abogados”, señaló.

La Iglesia Católica rechazó la norma y dijo que este tipo de medidas debilita a las familias en vez de favorecer su fortalecimiento.

“Este tipo de medidas lo único que hace es favorecer la separación, no busca fortalecer la célula familiar, sino facilita su desintegración”, dijo el obispo Luis Bambarén a la prensa.

Mientras, el cardenal Juan Luis Cipriani dijo en su programa radial “Diálogos de fe” que la norma es “una solución burocrática, que va generar un problemas mayor, porque es un aliciente para más divorcios, más rupturas matrimoniales, más sufrimientos y más maltratos a la sociedad”.

En cambio, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Susana Pinilla, afirmó que la norma impedirá el maltrato psicológico de los niños.

“No hay situación que dañe más al niño que el maltrato entre sus padres, cuando las parejas no se llevan bien, se olvidan de la presencia de los niños, discuten, se golpean y por eso es preferible disolver el vínculo”, precisó.

La norma -aprobada por amplia mayoría en el Congreso- autoriza el divorcio por mutuo acuerdo en tres meses, en parejas que tengan al menos dos años de casados.

El texto precisa que son competentes para realizar estos procedimientos los alcaldes distritales y provinciales, así como los notarios de la jurisdicción del último domicilio conyugal, o de donde se había celebrado el matrimonio.

Además, los cónyuges deberán cumplir una serie de requisitos: en caso de existir hijos, deben tener una sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentación, tenencia y de visita de los niños menores de edad.

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