Quieren que aceptación del pago sea un delito para indocumentados

Dallas.- Los indocumentados en Tennessee podrían convertirse en delincuentes sólo por aceptar el pago por su trabajo, en caso de ser aprobada una iniciativa de ley promovida en ese estado por el legislador demócrata Joe Haynes.

“Todos sabemos que ellos vienen a Tennessee por empleos y si le quitamos el pago por el empleo, les quitamos el incentivo para que vengan a Tennessee”, explicó el senador estatal demócrata, autor de la iniciativa.

La propuesta busca obligar a cualquier indocumentado que sea sorprendido trabajando en la entidad el devolver cualquier salario que haya recibido y enfrentar una pena de hasta seis meses de cárcel y 500 dólares de multa.

Haynes explicó que la legislatura estatal está impedida de aprobar leyes más duras contra los empleadores, porque el estado debe apegarse a las leyes federales en la materia.

Sin embargo, las leyes federales no obstruyen ningún incremento en las penalidades contra los trabajadores.

Ann Morse, analista de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, dijo que la iniciativa de Haynes parece ser un nuevo concepto en la lucha contra la inmigración indocumentada.

“No conozco ningún otro estado que este adoptando un acercamiento similar”, indico.

La propuesta espera ser votada en las próximas semanas por el Senado y la Cámara de Representantes de Tennessee.

En Arizona, Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, está usando una ley estatal orientada a combatir el contrabando y comercio de personas para acusar a indocumentados de haberse contrabandeado así mismos.

Arpaio, quien se ha distinguido por su combate a la inmigración, presenta el cargo de “conspirar consigo mismo” para contrabandearse a través de la frontera, contra cualquier indocumentado detenido en la calle que no pueda ser relacionado con ningún otro delito.

El sheriff, cuyo condado abarca toda el área metropolitana de Phoenix, arresta a los indocumentados bajo ese cargo y los encarcela para que se declaren culpables y sean deportados o esperen juicio.

Legisladores estatales que aprobaron dicha ley consideran que la acción por parte de Arpaio es una mala interpretación del estatuto.

– NOTIMEX

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