Celebra Texas fallo judicial sobre mexicanos condenados a muerte

Dallas.- Texas celebró el martes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que lo libera de la obligación de revisar los casos de reos mexicanos condenados a la pena de muerte como lo había ordenado un tribunal internacional.

La Oficina del Procurador General de Texas indicó en un comunicado, que la decisión de la Suprema Corte “preserva nuestro soberanía fundamental como nación al rechazar el intento arrasador” de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de sumar al sistema judicial de Estados Unidos.

El máximo tribunal estadunidense decidió este martes que en el caso del mexicano José Ernesto Medellín y de otros detenidos condenados a muerte, el estado de Texas no está forzado a revisar su sentencia, como lo dispuso la CIJ.

Ese fallo libera también a Texas de cumplir con la orden emitida por el presidente George W. Bush para acatar el dictamen de la Corte Internacional de Justicia.

El dictamen “protege nuestro sistema judicial independiente de la interferencia de las cortes extranjeras”, aseguró la procuraduría de Texas.

“La decisión de hoy categóricamente prohíbe a las cortes extranjeras el erosionar la soberanía y la independencia estadunidense”, indicó.

En enero de 2003, México interpuso una queja ante la CIJ para solicitar a su intervención a favor de los mexicanos condenados a la pena capital en este país, al argumentar que en la mayoría de los casos se violaron sus derechos bajo la Convención de Viena.

Tras analizar la queja, la CIJ dictaminó que Estados Unidos y sus entidades violaron la Convención de Viena de 1963 al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a asistencia diplomática tras su detención y ordenó la revisión de 51 de los casos.

La decisión de la CIJ obligó al presidente George W. Bush a solicitar a los gobiernos de las entidades realizar audiencias para revisar cada uno de los casos cubiertos por el fallo.

Texas y otros estados se opusieron a dicha revisión, al argumentar que la petición del presidente Bush excedía los límites constitucionales de la autoridad federal.

La Corte de Apelaciones Criminales de Texas fallo a favor de las autoridades estatales y emitió un dictamen para invalidar la petición del presidente.

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