Gobernador peruano de Puno evalúa pedir asilo a Venezuela o Bolivia

Lima.- El mandatario de la andina región peruana de Puno, Hernán Fuentes, aseguró el martes que es víctima de una persecución política del gobierno y dejó entrever la posibilidad de pedir asilo en Bolivia o Venezuela.

El presidente (jefe de gobierno) regional, quien promueve la autonomía de esa zona fronteriza con Bolivia, aseguró a periodistas que la administración del mandatario Alan García emprendió una especie de “cacería” en su contra.

Señaló que el gobierno peruano echó a andar su maquinaria jurídica para encarcelarlo y puntualizó que, según como se presenten las circunstancias, optará por irse a La Paz o a Caracas.

Fuentes acusó a García de intentar despojarlo del cargo al acusarlo de una serie de delitos, como sedición y terrorismo, que habría cometido en Puno, distante mil 541 kilómetros al suroriente de Lima.

El presidente García pidió esta semana al Ministerio Público de Perú investigar al mandatario regional de Puno porque estaría tras una supuesta campaña para desestabilizar a su gobierno, la cual contaría además con el respaldo de Venezuela.

El jefe de gobierno regional puntualizó: “sufro una persecución abierta por defender a los maestros y a los productores cocaleros” y aclaró que nunca ha pedido la independencia de Puno, sino su autonomía para organizar sus finanzas y otras actividades.

Subrayó que su petición no constituye separatismo, “por eso quiero rectificar que no es como dicen que quiero dividir al país”, tras lo cual se comprometió a seguir trabajando por el desarrollo de Puno mediante el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

El procurador anticorrupción de Puno, Antonio Belón, reconoció por su parte que Fuentes podría intentar fugarse del país y recomendó al Poder Judicial ordenar su detención.

Aseguró que Fuentes incurrió en el delito de malversación de fondos al adquirir un lujoso vehículo con recursos destinados a temas sociales.

Detalló que el gobierno regional de Puno adquirió una camioneta por un valor mayor a 40 mil dólares pese a que la Ley de Presupuesto establece la prohibición de compra de vehículos sin autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros.

NOTIMEX/

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