Suprema Corte dividida en caso de mexicanos condenados a muerte

El caso de los mexicanos condenados a muerte en Texas dividió a la Suprema Corte de Justicia entre quienes creen que los estados no están obligados a cumplir los tratados internacionales y quienes mantienen que es un compromiso federal.

El presidente del tribunal John Roberts y los magistrados Antonin Scalia, Cleareance Thomas, Samuel Alito, Anthony Kennedy y John Paul Stevens fallaron a favor de Texas, mientras que Stephen Breyer, David Souter y Ruth Ginsberg opinaron a favor de la reapertura de casos.

Por mayoría de seis a tres, el máximo tribunal judicial estadunidense decidió, en el caso del mexicano condenado a muerte José Ernesto Medellín, que Texas no está forzado a revisar su sentencia como lo dispuso la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya.

“Mientras un tratado puede constituir un compromiso internacional, no es obligatorio bajo la ley doméstica a menos que el Congreso haya implementado estatutos para implementarlo”, señaló la decisión de la mayoría, escrita por el propio Roberts.

“El Fallo ‘Avena’ (de la CIJ) no se puede cumplir directamente como ley doméstica en las cortes estatales”, sostuvo.

La Suprema Corte de Justicia señaló que la única excepción a la regla sería que el tratado internacional incluyera una cláusula de que se aplicará automáticamente y que sea ratificado sobre esos principios por el Congreso estadunidense.

En una primera reacción, la embajada de México en Washington se declaró preocupada por el dictamen.

“El gobierno mexicano está revisando el contenido del fallo y emitirá una respuesta oficial en las próximas horas”, reaccionó el portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday.

En contraste con la posición de la mayoría de la corte, el magistrado Stephen Breyer señaló que la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos establece que todos los tratados firmados por Estados Unidos son “la ley suprema” del país.

Breyer señaló por ello que las cortes estadunidenses deben considerar un tratado como un acto del Congreso “sin necesidad de ninguna provisión legislativa”.

El magistrado sostuvo que en el caso de Medellín ello significa que la CIJ pidió la revisión de los casos de los 51 mexicanos condenados a muerte en el estado de Texas.

Como la Suprema Corte de Justicia opera por mayoría, el dictamen final reflejó la opinión de los seis magistrados que Texas no está obligado a acatar la orden del presidente George W. Bush de aceptar el fallo de la CIJ para revisar los procesos de los mexicanos.

Aunque la decisión de la Suprema Corte responde a un caso especifico en Texas, pudiera significar que las entidades estadunidenses no están obligadas a acatar el fallo de la CIJ.

Además tampoco están comprometidas a obedecer la orden del presidente de que las cortes estatales revisen los casos de los mexicanos sentenciados a muerte.

El fallo retiraría la protección de la que han gozado en los últimos tres años las decenas de reos mexicanos amparados por el dictamen de la CIJ y los colocaría de nuevo en riesgo de ser ejecutados.

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