Corte Suprema de EEUU desoye decisión de la CIJ en caso de mexicano

WASHINGTON (AFP) – Los estados de la Unión no están obligados a aplicar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), aunque el presidente se los ordene, declaró el martes la Corte Suprema de Estados Unidos, a la que apeló un mexicano condenado a muerte.

En marzo de 2004 la CIJ ordenó que se revisaran los procesos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, con el argumento de que no habían sido informados en tiempo y forma de su derecho a tener asistencia consular, una decisión criticada por el gobierno del presidente George W. Bush.

Entre ellos se encontraba José Medellín, de 33 años, condenado a muerte por la violación y asesinato de dos adolescentes en Texas (sur) en 1993, quien pidió a la justicia texana que reconociera el vicio de forma que justificaba un nuevo proceso.

Bush, basado en sus prerrogativas en materia de aplicación de tratados, se puso del lado de los 51 condenados y ordenó a los jueces de los estados involucrados que determinaran caso por caso si correspondía un nuevo proceso.

Pero a pesar de que algunos estados aceptaron la orden, los jueces texanos se negaron a analizar el recurso, estimando que la decisión de la CIJ no era vinculante para ellos, y que la separación de poderes les impedía recibir órdenes del presidente.

El caso llegó a la Corte Suprema, que por 6 votos contra 3 le dio la razón a los jueces texanos.

“Ni (la decisión de la CIJ) ni la disposición presidencial constituyen una ley federal directamente aplicable por encima de las limitaciones impuestas por los estados sobre la posibilidad de presentar varios recursos sucesivos”, dice el fallo de la Corte redactado por su presidente, John Roberts.

“El presidente dispone de una gama de medios políticos y diplomáticos para hacer respetar las obligaciones internacionales, pero decidir por sí solo que un tratado es directamente aplicable, no está entre esos medios”, agrega el fallo.

“Estamos decepcionados”, reconoció la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, a pesar de que el gobierno siempre criticó la decisión de la CIJ.

“La Corte Suprema reconoció que hay una obligación internacional de respetar un tratado debidamente ratificado por Estados Unidos. Pero su argumento es que el presidente de Estados Unidos no tiene la autoridad, según la ley actual, para obligar a un estado a hacerlo”, declaró.

Mientras, México reaccionó reclamando a Estados Unidos respetar el fallo de la CIJ.

“El gobierno de México considera que el fallo de la Corte Internacional de Justicia debe ser respetado por los Estados que han aceptado su jurisdicción”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Las autoridades mexicanas advirtieron que usarán todos los recursos para defender los derechos de los sentenciados a muerte en Estados Unidos.

La organización progresista People for the American Way denunció una decisión “profundamente preocupante” en la medida en que asegura que “Estados Unidos puede ignorar pura y simplemente sus obligaciones respecto a los tratados internacionales”.

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