La pena de muerte enfrenta a las fuerzas políticas de Guatemala

GUATEMALA (AFP) – Las principales fuerzas de la oposición en el Congreso y diputados oficialistas, apoyados por grupos de centro-izquierda, están enfrentados por el restablecimiento de la pena de muerte en Guatemala, luego que el Ejecutivo vetó una iniciativa de ley que daba luz verde a la pena capital.

Encabezados por el derechista Partido Patriota (PP), cuyo lema es mano dura, y el partido del ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), la oposición busca revertir el veto al indulto presidencial decretado por el gobernante Ã?lvaro Colom el pasado 14 de marzo.

El Congreso de Guatemala aprobó el pasado 12 de febrero una ley que restablece el recurso de gracia, suspendido desde 2000 y que había provocado un vacío legal que impedía la aplicación de la pena de muerte, vigente en este país.

Sin embargo, el presidente vetó la ley y ahora el Congreso debate el veto sobre el indulto presidencial, pero para poder revertir esa decisión necesita 105 votos de los 158 diputados que integran el Parlamento, algo muy difícil debido a las agrupaciones que apoyan la decisión del Ejecutivo.

Las dos fuerzas políticas mencionadas también tienen el respaldo de la ex gobernante Gran Alianza Nacional (Gana), el Partido Unionista (PU), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), el Comité de Acción Social (Casa), todos de derecha.

“Tenemos un presidente con falta de carácter para tomar decisiones. Hoy, le importa más lo que piensan en los países europeos que lo que la mayoría del pueblo de Guatemala quiere”, dijo la jefa de bancada del Patriota, Roxana Baldetti, en alusión al rechazo a la pena de muerte manifestado en el viejo continente.

El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, celebró el veto del gobierno guatemalteco, valorando que éste “se haya fundado en la obligación de respetar el derecho a la vida consagrado en la Constitución de Guatemala y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Un día antes el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, también había advertido sobre “el restablecimiento encubierto” de la pena de muerte en este país ante la insistencia de la oposición en el Congreso.

“La pena de muerte está vigente en la ley, pero no se puede aplicar, por la falta de pantalones del presidente”, dijo a su vez la diputada Anabella De León, del mismo bloque.

Entre tanto, el jefe del bloque oficial, Mario Taracena, justificó la decisión del gobernante al considerar que ésta es “un mensaje de responsabilidad y respeto al estado de Derecho”.

“La violencia y el crimen tienen causas estructurales, y esa son las que debemos atacar. No creemos que la pena de muerte sirva como disuasivo y por eso ratificamos nuestra postura y apoyamos el veto”, comentó a la prensa local el diputado de la izquierdista ex guerrilla guatemalteca URNG, Héctor Nuila.

Mientras los diputados de ambos lados se lanzan críticas mutuas, el veto presidencial fue remitido a la Comisión de Gobernación del Congreso, que tendrá que dictaminar en 30 días si lo somete o no al pleno para su aprobación o rechazo.

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