En manos de Suprema Corte estadounidense vida de seis mexicanos

Por Francisco Trujillo

La decisión que tomará la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sobre si es constitucional la aplicación de la inyección letal, podría repercutir en seis mexicanos condenados a muerte, pues su fecha de ejecución podría entonces ser solicitada.

Mark Warren, investigador del grupo “Human Rights”, que da seguimiento a los extranjeros bajo pena de muerte en este país, dijo que por ahora la falta de esa decisión mantiene frenada la aplicación del castigo capital en todo Estados Unidos.

Los seis mexicanos, todos ellos recluidos en Texas, han visto el rechazo de sus distintas apelaciones y han agotado ya sus recursos legales para frenar sus sentencias.

“Si la Suprema Corte dictamina que la inyección letal es procedente como método de ejecución, entonces estos mexicanos estarían en un inminente peligro”, dijo Warren.

El máximo tribunal judicial estadounidense tiene en su agenda decidir a fines de junio próximo si la inyección letal es un método de castigo “cruel e inusual”, de lo cual dependerán varias decisiones de aplicación de la pena capital en este país.

Los seis reos mexicanos que ya han recorrido con apelaciones los caminos de las cortes estatales y federales, son César Fierro Reyna, José Ernesto Medellín Rojas, Rubén Ramírez Cárdenas, Roberto Moreno Ramos, Humberto Leal García e Ignacio Gómez.

Todos ellos se habían mantenido “amparados” desde el 2004 por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, que ordenaba la revisión de los casos de 51 prisioneros mexicanos en castigo capital, por haber sido violados sus derechos como extranjeros.

Texas no procedió en su contra durante los últimos cuatro años al litigar primero en una corte de apelaciones y luego ante la Suprema Corte, un caso presentado por los abogados de Medellín Rojas, sobre la obligación de los estados a acatar el fallo de la CIJ.

La Suprema Corte dictaminó el martes pasado que los estados no están obligados a ello mientras el Congreso Federal no emita leyes específicas que los comprometan a hacerlo.

“En unos meses podríamos comenzar a ver una ola de ejecuciones de mexicanos”, advirtió Warren al señalar a los seis que ya han agotado sus instancias y a una decena o más que les siguen muy de cerca y están próximos a quedarse sin más recursos de defensa.

Los mexicanos sentenciados a muerte en Texas son los de mayor riesgo, dado que esta entidad es la que más aplica el castigo capital en Estados Unidos.

Un total de 14 reos mexicanos se encuentran en el pabellón de la muerte en Texas, donde han sido ejecutados un total de 388 prisioneros desde 1982.

En cambio en California, donde 34 mexicanos están bajo pena de muerte, solo han sido ejecutados 13 reos desde 1976 ante la lentitud de los procesos.

Bajo las leyes estadounidenses, una vez que un reo sentenciado a muerte agotó todas sus apelaciones y recursos legales, los procuradores de los condados donde cometió el o los homicidios, pueden proceder a solicitar a un juez estatal una fecha para su ejecución.

El juez emite la fecha y las autoridades carcelarias del estado quedan autorizadas a aplicar la sentencia en el día fijado.

Una vez emitida la fecha de ejecución, los abogados defensores suelen interponer apelaciones de última hora por distintos motivos, la mayoría de las cuales son rechazadas, pero algunas logran posponer la aplicación de la sentencia, al menos por un tiempo.

Recursos legales interpuestos por el gobierno de México han logrado a lo largo de los años frenar las ejecuciones de varios de sus connacionales y conmutar las sentencias de otros.

Seis mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos desde que este país reactivó la pena de muerte en 1976.

Ellos fueron Ramón Montoya Facundo, Irineo Tristán Montoya, Benjamín Mario Murphy, Miguel Angel Flores, Javier Suárez Medina y Angel Maturino Resendíz.

Sólo dos han logrado eliminar sus condenas y recuperar su libertad. Ricardo Aldape Guerra, en Texas en 1997 y Mario Flores en Illin

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