Policías y voluntarios armados buscan a indocumentados en Arizona

San Diego.- Unos 200 policías y voluntarios civiles armados iniciaron en Phoenix la búsqueda de indocumentados, incluso con acercamientos a puntos de reunión de jornaleros, informó el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio.

Arpaio, al frente de la operación, señaló que si intervienen grupos de derechos humanos “habrá una política de cero tolerancia contra cualquier muestra de violencia o interrupción de la paz”, informó el viernes la televisora HDTV, filial de la cadena NBC en Phoenix.

El alcalde de Phoenix, Phill Gordon, dijo por su parte que si el jefe de la oficina del alguacil cuenta con 200 hombres “no debería ir tras la gente que tiene quebrado un faro de su vehículo, sino quienes están en su larga lista de órdenes de arresto”.

El alguacil enfocará la búsqueda en dos intersecciones donde se reunen jornaleros, en la calle 25 y la avenida Bell Road en Phoenix, dijo el oficial al Business Journal of Phoenix.

Según la publicación, el alguacil dijo actuar con ese operativo porque los comercios en las inmediaciones sufrirían por delincuencia que atribuirían a indocumentados.

El rotativo reportó que organizaciones de derechos humanos de Arizona se quejan de que en esa búsqueda el alguacil actúa injusto con residentes latinos.

El operativo sería un seguimiento a movilizaciones en las últimas semanas en las que la oficina del alguacil ha arrestado a 134 personas, de las cuales 94 son indocumentados, informó por su parte el canal televisión 10 de la cadena Fox.

La abogada de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (Aclu), Mónica Ramírez, dijo a su vez que junto al Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef) demandaron a Cave Kreek, uno de los poblados donde han sido detenidos jornaleros.

La demanda colectiva fue presentada a nombre de tres jornaleros tradicionales residentes de Cave Kreek, porque ese poblado aprobó una ordenanza que prohibe a los trabajadores eventuales ofrecer servicios en lugares públicos.

La demanda de las dos organizaciones nacionales en representación de Héctor López y Leopoldo e Ismael Ibarra argumenta que la ordenanza de Cave Kreek viola la primera enmienda constitucional y leyes federales laborales.

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