Arizona es “laboratorio” de leyes antiinmigrantes

Los Angeles.- Las duras leyes antiinmigrantes aplicadas en Arizona en los últimos años han convertido al estado en un “laboratorio” para examinar si es posible abordar este fenómeno a nivel local, sin la ayuda del gobierno estadunidense.

El periódico Los Angeles Times publicó este sábado un artículo en el que revisa las normas que Arizona ha aprobado para afrontar el flujo de indocumentados, ante lo que denomina “pasividad” del gobierno federal y del Congreso, donde está estancada la reforma migratoria.

Arizona, en la frontera sur, es uno de los puntos más frecuentados por los inmigrantes indocumentados para cruzar de México a Estados Unidos.

El rotativo citó varias leyes que aprobó Arizona en esta materia como la prohibición de que los indocumentados reciban ayudas oficiales, ganen indemnizaciones en los tribunales o salgan bajo fianza cuando han cometido serios crímenes.

Otra nueva ley estatal autoriza desde enero de este año cerrar los negocios que contraten a inmigrantes ilegales.

Las autoridades de Maricopa County, que incluye Phoenix y agrupa a tres quintas partes de la población total de Arizona, desplegó un operativo en busca de vendedores inmigrantes sin papeles y para detectar a los inmigrantes que intentan ingresar de manera ilegal.

En los últimos dos años han detenido a mil indocumentados, pese a protestas de grupos pro inmigrantes de que estas prácticas son abusivas, ya que los oficiales detiene a inmigrantes por cualquier mínima infracción y de paso les preguntan por su estatus migratorio.

Los Angeles Times consideró que estas leyes han empezado a funcionar. “La campaña ha surtido efecto: los inmigrantes ilegales se quejan de que es imposible encontrar un buena trabajo y se están marchando del estado”.

Agregó que el congresista local Russell Pearce, ha afirmado que “lo que me encanta de lo que está haciendo Arizona es que no dependemos del gobierno federal. Ha despertado al resto de estados demostrando que nosotros podemos arreglar este problema”.

Sin embargo, el periódico admitió que esta agresiva campaña afecta también a algunos ciudadanos estadunidenses de origen mexicano.

Citó como ejemplo el caso de Juan Carlos Ochoa, naturalizado estadunidense, pero que no puede encontrar trabajo porque, debido a la burocracia, está en una base de datos oficiales que le clasifica como “posible inmigrante ilegal”.

Otro caso es el de Pauline Muñoz, nacida en Phoenix, quien tiene miedo de salir de su departamento, tras ser interrogada durante 15 horas por la policía debido a una simple infracción de tránsito, lo que denuncia como un caso de discriminación e intimidación.

Los empresarios que tienen como principales clientes a los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, denunciaron que sus ventas han bajado en los últimos tiempos, lo que atribuyen a las leyes antiinmigrantes.

El economista Dawn McLaren, de la Universidad de Arizona, dijo al diario que en parte lo que ahuyenta a los inmigrantes del estado es el colapso de su economía, que se sustenta en gran parte en el sector inmobiliario, en claro declive en todo el país.

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