El mito: la fatal vulnerabilidad del migrante.

En México, los migrantes irregulares, en su mayoría transmigrantes, padecen una vulnerabilidad extrema, pero no todas las vertientes de esta condición son inherentes a la migración indocumentada.

Si damos por fatal la condición de vulnerabilidad del migrante, nos excluimos de la responsabilidad que nos atañe. Si identificamos las causas y las asumimos como modificables, y el Estado mexicano debe hacerlo, asumiremos también como país un compromiso mucho más activo y propositivo.

Existen muchas variables cuya modificación o transformación depende de decisiones y acciones de los legisladores, de los defensores de derechos humanos, de la sociedad en general y, sobre todo, de las autoridades.

Sin desconocer el cúmulo de adversidades que enfrentan, en México los migrantes indocumentados son vulnerables porque a esa condición los hemos remitido por comisión o por omisión.

El migrante es vulnerable en México porque el país no ha definido una política migratoria. Este vacío es producido por la indiferencia, por la creencia de que la migración es circunstancial y pasajera, o por el incumplimiento intencional de una de las principales responsabilidades de un Estado, que es ofrecer a todos aquellos que se encuentran en su territorio condiciones de salvaguarda de su integridad, de seguridad y de acceso a la justicia.

La carencia de una política migratoria, entre otras consecuencias, deja abierta la actuación de las autoridades migratorias y de todas en general a decisiones discrecionales. Sin rumbo, sin criterios ni finalidades claras, se hace lo que se puede. o lo que se quiere.

Los diversos niveles jerárquicos en que está estructurada la administración pública no tienen hoy un referente superior, una guía de actuación, un rumbo definido y, por lo tanto, tampoco vías sobre las cuales avanzar hasta un punto convergente.

En consecuencia, México debe definir una política migratoria que, proponemos, incluya los siguientes aspectos:

En primer término, el Estado mexicano debe reconocer oficialmente a la migración como una realidad social a la que es necesario atender con base en políticas públicas precisas e integrales. Y asumir la responsabilidad que de ello se deriva.

En segundo término debemos conciliar los conceptos de soberanía y seguridad nacional con los de migración y derechos humanos. No más visiones excluyentes de estos conceptos complementarios.

Por falta de esta precisión como política de Estado, todavía encontramos agentes e incluso funcionarios de migración y de otros entes gubernamentales que afirman que no se puede todo, es decir, que o tenemos soberanía y seguridad nacional, o gestionamos la migración y asumimos la defensa de los derechos humanos de los migrantes.

Por supuesto, no sólo son compatibles: deben serlo. Y deben serlo en la realidad de todos los días.

Hay que generar e impulsar una actitud social e institucional de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Se trata de desmontar paradigmas de exclusión, discriminación o indiferencia.

Además de procesos de información y sensibilización, este principio de respeto a los derechos fundamentales de los migrantes implica sancionar a quienes violen estos derechos.

La política migratoria debe incluir el fin de la impunidad como condición, lo que parecería un compromiso obvio, pero puesto que no lo ha sido, hay que subrayarlo y confirmarlo en los hechos.

Los principios contenidos en la política migratoria deben declarar formalmente la despenalización de la migración irregular. El proceso legislativo en esta materia debe concluirse lo más pronto posible, y complementarse con una posición conceptual, clara y firme del Estado mexicano.

La política migratoria debe dejar sentado el compromiso de impulsar la actualización y adecuación de las leyes en materia migratoria y laboral, en concordancia con los instrumentos jurídicos internacionales.

Es indispensable crear un nuevo marco legal que, entre otros aspectos fundamentales, despenalice la migración, acote con

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