La Convención de la ONU sobre los discapacitados, por fin.

Por Gilberto Rincón Gallardo

El próximo tres de mayo entrará en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Según el procedimiento de las Naciones Unidas, al haber sido aceptada por el vigésimo país de la comunidad internacional, entrará oficialmente en vigor, aunque cabe esperar que, sin interrupciones, nuevos países seguirán adhiriéndose a este instrumento legal.

Ha sido precisamente la decisión de avalarlo de Ecuador, una nación latinoamericana, la que permitió, en la semana pasada, alcanzar esta cifra que pone en circulación legal a la nueva legislación; aunque no deberíamos olvidar que nuestro país fue el proponente de la creación del instrumento y uno de los primeros en comprometerse con su cumplimiento.

Fue el entonces presidente Vicente Fox quien presentó en 2001 la propuesta formal para esta convención a la Asamblea General, y esta alta instancia de las Naciones Unidas la aprobó mediante su resolución 75/229.

Ya vigente, la Convención obliga de manera plena a nuestro país, pues, como se sabe (y si no se sabe, vale la pena señalarlo), la legislación de los organismos multilaterales en los que participa México, una vez aceptada por nuestro Estado, se convierte en ley obligatoria en nuestro territorio, y su fuerza normativa, es decir, su jerarquía legal, se sitúa por encima de todas las leyes generales, federales y locales y sólo por debajo de la Constitución.

Como en este caso la Convención no sólo no choca con los principios de la Constitución sino que los desarrolla y enriquece, podemos decir que el marco normativo de nuestro país para garantizar la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad se ha ampliado sin contradicciones.

Cabe no sólo esperar sino también exigir que esta nueva ley, que plantea una serie de obligaciones a todo Estado que ha firmado, sea el motor esperado para generar en México una genuina política de Estado a favor de las personas con discapacidad.

La Convención, cuyo texto se puede consultar en la dirección electrónica http://www2.ohchr.org/shtm, tiene como característica central el ser una legislación formulada en términos de los derechos inalienables de las personas con discapacidad.

En efecto, aunque buena parte de sus estipulaciones tiene que ver con la obligación de los Estados-parte de la ONU de garantizar la necesaria atención médica y la rehabilitación de las personas con discapacidad, no ha privado en ella un punto de vista médico o sanitario.

Más bien, la afirmación de los derechos cuyo ejercicio permitan a esta población una integración completa en la vida social y el ejercicio de una autonomía personal, que hasta la fecha le han sido negados.

Los contenidos de la Convención son muy claros respecto de lo que se debe hacer, por ejemplo, en materia de empleo, pues establece derechos a la elección de empleo, a la formación profesional y a las protecciones sindicales y laborales.

En materia de educación, formula la obligación de asegurar que todos los niveles educativos sean abiertos de manera real a las personas con discapacidad.

También en cuanto a la obligación de eliminar obstáculos físicos de todo tipo y garantizar la accesibilidad de los ambientes urbanos y rurales, y en cuanto a las medidas para asegurar el acceso real a los servicios de salud y para garantizar la atención médica adecuada a las personas con discapacidad.

Ahora, la obligación (insisto, no la opción, sino la obligación) del Estado mexicano es la aplicación completa y extensa de esta nueva ley.

La lucha contra la discriminación no es tarea exclusiva de una institución. Es una obligación constitucionalmente fundada de todas las instancias del Estado mexicano.

Por ello esperamos, y el Conapred estará muy vigilante al respecto, que todas las instituciones públicas entiendan, integren y lleven a la práctica las nuevas obligaciones legales de esta Convención. Obligaciones que, podemos recordar con orgullo, México ha contribuido en buena medida a establecer en el sistema de las Naciones Unidas. (Notimex) (El autor es analista político)

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