Kennedy y ACLU critican a Cheney por supuesto apoyo a tortura

El senador Edward Kennedy y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) criticaron al vicepresidente Richard Cheney por su supuesta autorización y apoyo al uso de métodos de tortura contra sospechosos de terrorismo.

La cadena ABC News reportó esta semana que altos funcionarios del primer mandato de George W. Bush se reunieron para autorizar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) métodos específicos para interrogar a los detenidos.

Los métodos incluyeron el ahogamiento simulado (waterboarding), que organizaciones de derechos humanos catalogan como tortura, así como bofetadas, empujones, privación del sueño y la combinación de esas técnicas.

Cheney aprobó las duras técnicas de interrogatorio luego que el Departamento de Justicia justificó su uso en memorandos entre 2002 y 2003, detalló Prensa Asociada, que citó a un ex alto funcionario estadounidense de inteligencia que pidió el anonimato.

“¿Quién habría pensado que en Estados Unidos de América en el siglo XXI, altos funcionarios del poder ejecutivo se reunirían rutinariamente en la Casa Blanca para aprobar la tortura?”, preguntó Kennedy, senador por Massachussets.

“La historia no juzgará benignamente a una administración que autorizó técnicas brutales e ilegales de interrogatorios que averguenzan a Estados Unidos a los ojos del mundo y ponen a nuestros soldados en un mayor riesgo”, anotó.

Según la versión periodística, a las reuniones realizadas en la Casa Blanca luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, asistieron Cheney y los entonces asesores de Bush como el procurador general, John Ashcroft.

También a los entonces secretario de Estado, Colin Powell, el director de la CIA, George Tenet y la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice.

La directora de la oficina legislativa de la ACLU en Washington, Caroline Fredrickson, dijo que “si funcionarios pasados y actuales de la administración violaron la ley, deben ser procesados por actos criminales”.

“Nadie está por encima de la ley”, señaló la activista, quien pidió al Congreso nombrar a un fiscal especial para que investigue esas alegaciones.

El consejero legislativo de la ACLU, Christopher Anders, manifestó que es tiempo que funcionarios de la administración Bush dejen de culpar a los interrogadores por técnicas que ellos mismos aprobaron.

“Después de años que la administración señaló a quienes decía que eran unos pocos interrogadores, si esta noticia es correcta, parece cada vez más que hubo órdenes directas de la Casa Blanca para actos específicos de tortura”, añadió.

“Esas son las herramientas de los dictadores, no de los líderes de una democracia”, señaló.

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