Futuro político de Fujimori sufre revés; justicia ratifica prisión de 6 años

LIMA (AFP) – El ex presidente Alberto Fujimori quedó impedido de ser candidato en las elecciones de 2011 en Perú luego de que la Corte Suprema confirmó en última instancia la condena a seis años de cárcel, hasta 2013, por el allanamiento ilegal de una vivienda sobre el final de su régimen.

En su fallo la Segunda Sala Penal Especial del máximo tribunal resolvió por unanimidad ratificar el veredicto dictado en diciembre que encontró al ex mandatario culpable del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado.

Fujimori, de 69 años, es el primer ex jefe de Estado en la historia de Perú que recibe una sentencia condenatoria por un delito cometido durante su mandato (1990-2000).

El panorama para Fujimori puede tornarse sombrío porque a esta condena de seis años podría sumarse una de treinta años solicitada por la Fiscalía en el megaproceso que se le sigue actualmente por violación a los derechos humanos durante la pasada década en que gobernó Perú.

La sentencia constituye un duro golpe a las aspiraciones de Fujimori, quien dejó un autoexilio de cinco años en Japón y viajó en noviembre de 2005 a Chile para preparar su ingreso a Perú con la finalidad -según dijo- de intentar volver a la presidencia.

Sin embargo la justicia chilena aceptó un pedido de extradición enviado por su similar peruana y lo repatrió en setiembre del año pasado a Lima.

La resolución confirmatoria de la Corte Suprema sostiene que está plenamente acreditada la responsabilidad del ex gobernante al ordenar a un oficial del ejército usurpar la función propia de un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra, esposa de quien fue su brazo derecho, Vladimiro Montesinos.

Ese allanamiento se produjo en los primeros días de noviembre de 2000 cuando el régimen fujimorista se desmoronaba en medio de un escándalo, protagonizado por Montesinos, cabecilla de una red de corrupción al amparo del régimen de Fujimori.

En esa incursión el ex mandatario se apoderó de videos, maletas y documentos que luego se llevó a Japón, desde donde renunció vía fax a la presidencia en la segunda quincena de noviembre de 2000.

Se presume que el registro de la casa de la esposa de Montesinos tenía como finalidad buscar cintas de video que pudieran comprometer al ex mandatario en actos de corrupción, dado que Montesinos solía filmar de forma encubierta sus reuniones con personalidades a quienes luego chantajeaba.

Los jueces de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Suprema también confirmaron la reparación civil impuesta a Fujimori de 400.000 soles (unos 135.000 dólares) a favor del Estado.

El tribunal desestimó la apelación presentada por la defensa del ex jefe de Estado, que pidió reducir la condena con el argumento de que el ex mandatario fue instigador, no autor del delito.

Fujimori está actualmente detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía peruana, en el sector este de Lima.

En ese lugar se ha habilitado una sala judicial donde se le procesa por las matanzas de Barrios Altos, en 1991 que dejó quince muertos, y de la Universidad La Cantuta, en 1992 con diez muertos.

Los crímenes fueron cometidos por el escuadrón militar Colina, como parte de una política de lucha contra la subversión aprobada por Fujimori, según la acusación.

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