Familia latina es víctima de leyes antiinmigrantes en el condado de Frederick

La vida de la hondureña Rosibel David y su hijo de cinco años dio un giro inesperado después que su pareja Alejandro Rocha fue arrestado por la Policía de Frederick, Maryland tras ser detenido el auto en que viajaba como pasajero y luego entregado al Servicio de Inmigración.

El auto fue rerportado como robado por la hermana del conductor siete meses antes, pero al encontrarlo no lo reportó a las autoridades que todavía tenían vigente la restricción para que el auto no circulara.

“En una situación normal la policía no detiene a un pasajero porque si hay alguna infracción es el conductor el que tiene que responder”, señaló Kerry O’Brien jefa de la sección legal de Casa de Maryland durante la presentación de un reporte.

La situación de David y su hijo de cinco años se empeoró está semana al ser desalojada del apartamento donde vivía con su familia, al no contar con los 950 dólares que con su pareja reunían todos los meses para pagar por concepto de alquiler.

“Si no es por unos amigos de mi esposo que me ofrecieron donde vivir no sé dónde estaría en estos momentos”, narró David mientras lloraba en el local de una Iglesia Metodista Unida de Frederick.

David asistió a la presentación de un reporte de Casa de Maryland que cuestiona el enforzamiento inmigratorio en esa ciudad, donde al entrar en vigencia ya se empezaron a sentir los efectos en los grupos minoritarios, contribuyentes tributarios y la policía.

Una veintena de latinos han sido arrestados desde el 25 de febrero de este año que el comisario del condado de Frederick, Charles Jenkins, decidió firmar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para entrenar a los oficiales de la comisaría en el cumplimiento de las leyes migratorias.

Para Richard Sehustz, residente de esa ciudad, el costo del programa es una carga para los contribuyentes del condado porque “se destinan fondos para programas de inmigración en lugar de invertirlos en obras que beneficien a toda la comunidad”, dijo.

Datos de interés en el reporte
El promedio de los gastos policiales por individuo y por personas nacidas en el exterior que el condado de Frederick está realizando es mucho mayor que lo que otras municipalidades con convenios similares presupuestan en sus comunas.

Frederick ha entrenado el 14 por ciento de su fuerza policial (26 oficiales) en comparación con el 3 por ciento y 1 por ciento en otras jurisdicciones de Virginia.

Al actuar como ejecutores de la ley migratoria, el condado generará un impacto negativo en la confianza que la comunidad tiene en las autoridades policiales, trayendo así recelo y temor de cooperar.

Es muy posible que la comisaría del condado de Frederick ya esté implementando políticas de discriminación racial contra los hispanos y que esté ocultando el problema al documentar las averiguaciones policiales como acciones realizadas contra “blancos” o “anglosajones”.

La proyección real del costo annual de velar por leyes migratorias es de 3 millones 217 mil dólares —en contraste con la cifra “cero” que el comisario anunció públicamente.

El condado de Fredercik tiene un alarmante índice de encarcelamiento de personas de origen hispano. Los números han aumentado casi 400 por ciento en los últimos cinco años, que es más del doble de la población latina que vive en el condado.

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