Justicia colombiana pedirá ayuda internacional por ordenadores de FARC

BOGOTA (AFP) – La Corte Suprema de Justicia de Colombia pedirá asesoría internacional para analizar el contenido de tres ordenadores portátiles que el gobierno atribuye al número dos de la guerrilla de las FARC, Raúl Reyes, abatido en Ecuador por el Ejército colombiano el 1 de marzo.

Miembros de la unidad investigativa del máximo tribunal de la justicia colombiana indicaron este miércoles a periodistas que formularán ese pedido debido a que el tribunal no tiene posibilidades técnicas para abordar la gran cantidad de información que contienen esos computadores.

La Corte obtuvo acceso a los archivos de los ordenadores para emprender una investigación sobre presuntos vínculos de congresistas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El mayo el Fiscal General, Mario Iguarán, anunció la apertura de investigación a varios políticos y periodistas colombianos, así como a cuatro extranjeros sobre textos hallados en los los computadores.

Entre ellos se encuentran la senadora opositora y ex mediadora ante las FARC para un canje de rehenes, Piedad Córdoba, los también legisladores opositores Wilson Borja y Gloria Ramírez, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo.

Igualmente se involucró a la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle, su compatriota Iván Larrea, el venezolano Amilkar Figueroa, diputado del Parlamento Andino; y el profesor universitario estadounidense James Jones.

Los periodistas colombianos son Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, y William Parra, del canal Telesur con sede en Venezuela.

Según Iguarán los computadores contienen información que vincula a las FARC con personas de 15 países.

Ante las revelaciones de Iguarán, la Corte Suprema pidió que le remitieran los computadores para iniciar las investigaciones de su competencia.

En Colombia, los congresistas sólo pueden ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

Ese tribunal adelanta desde diciembre de 2006 una investigación sobre nexos de congresistas con las otrora paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se inició sobre información contenida en un computador de uno de los jefes de esos grupos de ultraderecha.

Esa investigación compromete a unos 63 congresistas, casi todos del oficialismo, de los cuales 32 se encuentran detenidos.

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