Busca condado texano que gobierno de EU pague por atender a mexicanos

El Paso.- El condado de El Paso desea que el gobierno federal cubra los costos de brindar seguridad y tratamiento a policías mexicanos que arriban a sus hospitales públicos tras ser víctimas de la violencia en el limítrofe estado mexicano de Chihuahua.

El juez del Condado de El Paso, Anthony Cobos, dijo en declaraciones a la prensa local que ha emergido una peligrosa situación en la cual víctimas de la violencia de los cárteles de la droga están buscando tratamiento en El Paso y creando un problema de seguridad.

En los últimos meses, el Hospital Thomason, el más grande nosocomio público de El Paso, ha tenido que ser colocado bajo estado de sitio, vigilado por policías durante días para proteger a comandantes de la policía en México lesionados por narcotraficantes, según los reportes.

Las autoridades en Estados Unidos temen que los traficantes puedan “infiltrarse en el Hospital Thomason para terminar su trabajo ahí”, dijo Cobos.

La vigilancia, que involucra el despliegue permanente de una decena o más de agentes de policía pesa en los recursos del condado, indicó.

Cobos y otros funcionarios de El Paso se reunieron este martes con ejecutivos del Hospital Thomason, personal militar del Fuerte Bliss, y otras personas relacionadas con los servicios de emergencia para desarrollar una estrategia que involucre al gobierno federal en el pago de los costos.

El representante federal demócrata por El Paso, Silvestre Reyes, apuntó en un comunicado que está trabajando con las autoridades federales de ambos países para evitar que los residentes de El Paso carguen con el peso del costo del tratamiento y la seguridad de los pacientes mexicanos.

“Cuando alguien llega gravemente herido a nuestros puertos de entrada, los agentes no tienen otra elección más que admitirlo y cuando ese individuo se encuentra en territorio estadounidense, el Hospital Thomason no tiene más opción que darle tratamiento”, dijo.

Otra idea a considerar es la posibilidad de que los pacientes mexicanos que pudieran estar siendo blancos de los cárteles del narcotráfico, sean atendidos en hospitales militares o en hospitales alejados de la frontera.

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