Enfrenta rechazo masivo nuevo impuesto a llamadas en El Salvador.

Por Arely Muñoz. Corresponsal

San Salvador, 15 Jun (Notimex).- El gravamen de cuatro centavos
de dólar a las llamadas telefónicas provenientes del exterior es “una
canallada” contra los connacionales que envían remesas para sostener
la economía de El Salvador, opinaron políticos opositores.

La medida del gobierno del presidente Antonio Saca, recibida con
asombro por parte de las compañías telefónicas, busca recaudar 80
millones de dólares para financiar programas sociales ante la crisis
del petróleo y de alimentos que sufre la población.

La Asamblea Legislativa, controlada por la gobernante Alianza
Republicana Nacionalista (Arena), el Partido de Conciliación Nacional
(PNC) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), aprobó el jueves pasado
?con carácter de urgente- el nuevo impuesto.

El decreto, que nunca tuvo ni siquiera una mención que se haría
como alternativa para recaudar ingresos, fue diseñado en Casa
Presidencial, denunciaron diputados que no dieron sus votos a la
iniciativa aprobada en tiempo récord y violando todo reglamento
legislativo.

El nuevo impuesto ha creado polémica porque por una parte la
oposición de centro e izquierda y otros sectores sostienen que los
cuatro centavos de dólar lo pagarán quienes más llaman a El Salvador,
que son los más de dos millones de salvadoreños residentes en el
extranjero.

Los funcionarios de gobierno, que no han dado muchas
explicaciones sobre el tema, afirman que serán las compañías las que
carguen con el impuesto.

Para el diputado de Cambio Democrático (CD), Héctor Dada, se
aprobó un impuesto a las llamadas telefónicas que en más del 90 por
ciento las realizan los salvadoreños que viven en el extranjero.

Consideró inaceptable que se aplique el gravamen “a los hermanos
lejanos, pero yo digo que son los hermanos más cercanos porque son
los que nos mantienen”, con las remesas.

“Quienes van a pagar los impuestos son los migrantes, porque son
las llamadas que ellos hacen a El Salvador” para comunicarse con sus
familias, afirmó Dada al asegurar que la medida fue “cocinada” en
Casa Presidencial.

Señaló que lo aprobado es aberrante porque tampoco está claro
para qué se ocuparán los fondos recaudados por cada llamada
telefónica que quedará a 11 centavos de dólar el minuto con el
incremento de los cuatro centavos.

A juicio del diputado y economista, hay una contradicción
terrible en el presidente, quien reafirma que la economía camina muy
bien a pesar de la crisis y que tiene suficientes recursos para pagar
subsidios y por el otro lado impone más impuestos.

Insistió que los compatriotas han sido afectados con el impuesto
y eso puede impactar incluso en el envío de las remesas porque la
crisis económica en Estados Unidos está restringiendo los ingresos a
muchos hispanos.

Se estima que en el exterior viven 2.5 millones de salvadoreños,
de los cuales 2.3 millones residen en Estados Unidos.

Las remesas familiares enviadas el año pasado alcanzaron los
tres mil 600 millones de dólares y a mayo de 2008 se reportan mil 604
millones de dólares, lo cual es un importante soporte para la
debilitada economía salvadoreña.

Otro de los diputados por el CD, Oscar Katán, calificó el
impuesto como una “canallada” contra los connacionales, ya que “este
grupo ha sido expulsado del país por un sistema neoliberal, donde se
le ha negado la oportunidad de trabajar, de estar con su familia”.

Recordó que los migrantes salvadoreños en muchas oportunidades
han pedido votar desde el exterior y el gobierno se niega a que
tengan ese derecho a pesar que sostienen la economía de este país y
en respuesta a este sector se le golpea con este impuesto.

Calixto Mejía, diputado por el partido de la ex guerrilla del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expuso por
su parte que el impuesto dañará a los compatriotas y también podría
verse afectado el envío de remesas al país.

Según la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones
(Siget), en el año 2007 hubo entradas desde el exterior de dos mil
768 millones de minutos en llamadas telefónicas.

Mejía subrayó que al multiplicar ese número de llamadas por
cuatro centavos da un total de unos 110 millones de dólares y ni
siquiera se conoce para qué rubro irán destinados los fondos que se
recauden y cómo se controlarán las llamadas con tarjetas prepago y de
línea fija.

El político de izquierda reflexionó sobre el impacto que tendrá
esta medida en los compatriotas indocumentados que han sido
capturados en Estados Unidos cuando tengan que llamar a El Salvador
para pedir ayuda económica a su familia.

Las 11 operadoras de la telefonía en el país recibieron con
sorpresa la noticia y han negado haberse reunido con la Siget o
funcionarios de gobierno antes de tomar la medida que la empresa
privada también ha calificado como un “parche”.

“No se nos consultó”, expresó Alvaro Molina, uno de los
ejecutivos de la multinacional Telefónica, al explicar que no saben
nada de cómo se aplicará la medida y quiénes pagarán los costos, por
lo que se reunirán las compañías para tomar una posición al respecto.

El presidente de la Siget, Fernando Arguello, aseguró que los
salvadoreños en el extranjero no serían afectados con la medida.

Basó su tesis en el sentido en que en Estados Unidos hay
competencia de operadores y el mercado de los hispanos es muy
atractivo, por lo que los costos sería probable que lo asuman las
compañías.

Los diarios locales han publicado reacciones de compatriotas
desde Estados Unidos y el sentir general es de gran indignación.

La preocupación de la empresa privada y sectores políticos es
que con el impuesto telefónico se quiera subsidiar al sector
transporte ante la crisis que atraviesan por los altos precios del
diesel y que el gobierno ha ido incapaz de resolver.

Según el poder Ejecutivo y la Arena, con el gravamen se
recogerán fondos para financiar el programa de combate a la pobreza
Red Solidaria, para alimentos y otros rubros que todavía el gobierno
no ha especificado bien.

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