Califican como “histórica” reforma del sistema de justicia en México

La reforma constitucional en materia judicial que entró el miércoles en vigencia en México fue calificada como un “hecho histórico” por grupos humanitarios, aunque expresaron sus reservas sobre algunos de sus aspectos.

Coincidieron además en que representará un enorme reto implementar estos cambios, no sólo desde el aspecto de infraestructura, sino en lo que se refiere a modificar la percepción popular sobre la imparcialidad en la importación de justicia.

“Creo que esta reforma por un lado marca un paso histórico”, dijo Maureen Meyer, encargada de temas para México y Centroamérica de la agrupación Oficina de Washington Para Latinoamérica (WOLA).

Meyers destacó en particular la incorporación de los juicios orales, un aspecto que consideró “podría ayudar a fortalecer la presunción de inocencia”.

La directora de la Oficina para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Soraya Long, indicó que esto refleja la creciente tendencia de otros países por incorporar esta figura en sus sistemas de justicia, en aras de hacerlo más eficiente.

“Lo que se espera es que este cambio signifique una reducción en los plazos para la administración de justicia”, dijo Long.

El presidente mexicano Felipe Calderón aprobó la víspera la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, en la que se contemplan, entre otros temas, la implementación de juicios orales y públicos.

Bajo la enmienda constitucional, los procuradores y defensores deberán presentar sus alegatos de manera oral y no de manera escrita como se hace en la actualidad.

Meyers y Long expresaron, sin embargo, sus preocupaciones por algunos aspectos de la reforma.

“Lo que hemos visto como más preocupante de lo que quedó en la versión final es sobre todo la parte del arraigo, porque es un sistema que podría resultar en violaciones a los derechos humanos”, dijo Meyers.

Bajo la nueva reforma, una persona sospechosa de delitos de crimen organizado podría permanecer detenida hasta por 80 días sin una acusación formal de por medio.

Meyers aludió también la definición de delincuencia organizada, que por ser tan amplia -dijo- podría ser aplicada en delitos de otra naturaleza.

Consideró que aún es temprano para anticipar la respuesta pública, “creo que esto se verá conforme se vaya implementando. Creo que podría contribuir a que la gente tenga más confianza en el sistema de justicia”.

Tanto Meyers como Long apuntaron que el otro reto será la implementación de la reforma y los cambios que eso conlleve en aspectos como la preparación de futuros abogados.

“Se trata de todo un proceso de capacitación, de sensibilizar a quienes imparten justicia hacia los cambios porque si no existe el riesgo de un desastre total”, dijo Long.

La activista dijo que uno de los aspectos que quedaron fuera de esta reforma y que a su juicio debió haber sido incluido se refiere a profesionalizar y fortalecer las técnicas de investigación forense.

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