México acusa a Estados Unidos de ignorar a CIJ sobre condenados a muerte

LA HAYA (AFP) – México acusó a Estados Unidos el jueves de no cumplir con sus obligaciones internacionales al ignorar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que le obligaba a revisar las condenas a muerte de 51 mexicanos, uno de los cuales será ejecutado en agosto.

“Nos enfrentamos a actos que ponen de manifiesto que Estados Unidos no cumple con sus obligaciones internacionales”, dijo ante el tribunal con sede en La Haya Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de asuntos multilaterales de la secretaría (ministerio) mexicana de Relaciones Exteriores.

En marzo de 2004, la más alta instancia de justicia de la ONU ordenó que se revisaran los procesos de esos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos con el argumento de que no fueron informados a tiempo, y en su debida forma, de su derecho a recibir asistencia consular.

Según señaló el jueves la parte mexicana, cinco de los sentenciados corren “peligro inminente” de ser ejecutados en el estado estadounidense de Texas si no se lleva a cabo la revisión exigida por la CIJ.

Uno de los reos mexicanos, José Medellín, de 33 años y condenado por haber violado y matado a dos adolescentes en Texas en 1993, tiene ya fecha de ejecución: el 5 de agosto.

Gómez Robledo dijo a los 12 jueces de la CIJ que México intentó en varias ocasiones obligar a su poderoso vecino del norte a acatar la sentencia.

El subsecretario mexicano precisó que, contrariamente a lo que sostiene el gobierno estadounidense, ese país puede poner en marcha una serie de medidas para satisfacer la sentencia de la CIJ.

“Cinco mexicanos podrían ser ejecutados sin que se hayan revisado sus sentencias y casos, como es su derecho”, recordó.

México ha solicitado que las ejecuciones de los 51 condenados sean temporalmente suspendidas hasta que la CIJ pronuncie su veredicto final.

Sandra Babcock, directora de la Oficina para Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern de Chicago, defendió la posición mexicana y recordó que Texas ha ejecutado a 407 personas desde 1982 y tiene la intención de ejecutar a otras 14 en 2008.

El aplazamiento de una sentencia se otorga en sólo uno de cada 200 casos, una “diminuta esperanza”, agregó.

El abogado Donald Donovan, quien también defendió a los condenados mexicanos, afirmó que Estados Unidos ha reconocido que está obligado a acatar el fallo de 2004, y “sin embargo Medellín se encuentra peligrosamente cerca de la ejecución, sin haber logrado que sea revisada y reconsiderada”.

En representación de Estados Unidos, John Bellinger dijo que su país había hecho esfuerzos por cumplir el dictamen del CIJ pese a los obstáculos de sus leyes domésticas.

Entre las medidas adoptadas, Bellinger citó el memorándum que el presidente estadounidense George W. Bush envió a las cortes estatales pidiéndoles que respetaran el fallo y la intervención sin éxito del gobierno federal en el proceso de apelación de Medellín ante un tribunal de Texas.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en marzo que la Constitución “no dispone” de los “medios elegidos por el presidente de Estados Unidos para lograr el cumplimiento” del fallo de la CIJ y que ningún estado estaba obligado a seguir esta orden presidencial.

El Congreso estadounidense, agregó Bellinger, no puede aprobar las leyes necesarias para corregir esta situación en breve, acusando a México de estar abusando del recurso a la Corte para presionar más a Estados Unidos.

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