La securitización y los derechos humanos de los migrantes.

Por Mauricio Farah Gebara

A partir del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos decidió extremar sus medidas de seguridad, lo que ha afectado no sólo la propia libertad de sus ciudadanos sino, particularmente, a la visión y actuación de la autoridad estadounidense sobre los flujos migratorios.

Algunas de las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos provocaron que la agenda migratoria con México se colocara esencialmente en los términos de la seguridad nacional.

Así, el país más poderoso del mundo, obsesionado con la seguridad, puso en marcha y exigió de México un enfoque esencialmente militar y de contención migratoria.

En “aras de la seguridad nacional”, la Unión Americana ha instrumentado medidas que violentan los derechos e integridad de los migrantes, así como diversas disposiciones, como la negativa de otorgar licencias o la imposición de sanciones a los empleadores por contratación de personal indocumentado.

Además, la “estrategia de disuasión” de los flujos migratorios, tales como: la militarización de la frontera, la construcción de mil 126 kilómetros de tramos de barda a lo largo de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, el aumento de elementos de la policía fronteriza y la utilización de nuevas tecnologías para detectar migrantes indocumentados.

Este conjunto de acciones se inscriben en una política conocida como securitización.

La securitización consiste en tomar a la seguridad como el principal factor o eje de política exterior de un Estado. Entre las características más importantes de un Estado que se ha securitizado, o que emplea la securitización en su política, se encuentran: tomar medidas extremas de seguridad en importaciones y exportaciones; y considerar a la migración como amenaza al Estado.

Así, por “securitización de las migraciones” se entiende incorporar como eje central de las políticas migratorias la seguridad nacional.

La seguridad nacional se ha contrapuesto, en los hechos, a la seguridad humana, a la que ha pretendido subordinar, y la que ha quedado bajo amenazas ante esta tendencia securitizadora, especialmente respecto de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En efecto, los migrantes, quienes desde sus comunidades de origen han sido previamente despojados de su seguridad humana, puesto que los factores que motivaron su decisión son, generalmente, la inseguridad económica, alimentaria, salud, personal, ambiental cultural, entre otras, se ven aún más expuestos frente a las acciones de los Estados en materia de seguridad.

Esta visión perjudica gravemente la conformación de la seguridad humana y limita las posibilidades de reivindicar a la persona como eje central de la política, brindándole un mejor marco jurídico que satisfaga su libertad y sus derechos.

Ninguna medida, por muy justificada que parezca, puede soslayar los derechos humanos y los avances que en la materia existen. En todo caso, cualquier iniciativa o reforma migratoria que no esté en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos atentará contra éstos y, a la larga, no podrá ser exitosa ni logrará una cobertura integral.

Los propios organismos internacionales que amparan los derechos humanos han observado con preocupación cómo las medidas tendentes a reforzar la seguridad en el marco de la lucha contra el terrorismo inciden en los derechos humanos de los y las migrantes, por lo que han recomendado implementar con mayor eficacia acciones que refuercen y garanticen sus derechos.

Existe un vínculo ineludible entre seguridad pública y seguridad nacional, en cuyo vértice las acciones del Estado mexicano actualmente se han contrapuesto una con otras, dejando una visión acotada de los derechos humanos y colocándolos en conflicto con la seguridad nacional.

En este sentido, se hace necesario que el Estado mexicano reconozca las diferencias, no límite el debate y realice acciones apropiadas en cada uno de los temas.

Ante la tendencia creciente a la securitización, es necesario que los

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