Secretario general destaca avances y señala desafíos del proceso de desarme y desmovilización en Colombia

En su undécimo Informe Trimestral al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, se refirió a los “resultados positivos”, así como a las “dificultades y desafíos” que se registran en el proceso de desarme y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“A pesar de las dificultades, muchas de ellas propias de este tipo de procesos, los esfuerzos colombianos destinados a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz muestran resultados positivos”, señaló Insulza ante los Representantes Permanentes de los 34 Estados Miembros de la Organización. Según el Secretario General, “el proceso atraviesa una etapa particularmente compleja, donde las decisiones del Gobierno y del Estado pueden ayudar a encauzar el rumbo general de los acontecimientos”.

El titular del máximo organismo hemisférico señaló que las principales preocupaciones en la actual etapa del proceso son: la no definición del estatus jurídico de los desmovilizados; la persistencia de los grupos de naturaleza delincuencial vinculados al narcotráfico y surgidos después de la desmovilización de las AUC, especialmente desde la afectación que generan sobre las comunidades; la tardanza en definir el programa de protección a las víctimas; y la necesidad del paso de un apoyo individual a otro que integre a las comunidades en el programa de reintegración de los desmovilizados.

Más adelante, Insulza afirmó que “constituye evidencia para la MAPP/OEA que las facciones armadas que surgieron después de la desmovilización de las autodefensas adquieren un perfil delincuencial que se encuentra vinculado al narcotráfico. No existe evidencia, hasta la fecha, de acciones contrainsurgentes que vinculen a estas estructuras con el concepto y el accionar paramilitar. En algunos casos, incluso, estas organizaciones ilegales vienen estableciendo cierta articulación con grupos de la guerrilla (ELN y FARC)”.

En su momento, el Representante Permanente de Colombia ante la OEA, Embajador Camilo Ospina, agradeció el informe del Secretario General, refiriendo que el mismo contiene “información detallada sobre los avances en lo que tiene que ver con el proceso de desmovilización de la Autodefensas Unidas de Colombia, que señala algunas dificultades que aún persisten a pesar de los esfuerzos realizados, y que contiene las recomendaciones de la Misión”.

“Sea la oportunidad para resaltar lo consignado en el informe respecto a las bandas criminales cuyas actividades delincuenciales han sido motivo de preocupación. Es claro tanto para la MAPP/OEA como para el Gobierno colombiano que estos grupos tienen un perfil delictivo, criminal, y que se encuentran estrechamente vinculados con las actividades del narcotráfico. Es claro que estos grupos delincuenciales no tienen relación alguna con la acción paramilitar, la cual ha desaparecido en la esfera colombiana”, resaltó el diplomático.

Colombia y Nicaragua expresan diferencias

Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el Embajador Camilo Ospina hizo uso de la palabra para referirse también a recientes expresiones formuladas por el Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, así como a su decisión de conceder asilo a las ciudadanas colombianas Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez. Estas dos personas se encontraban en el campamento de las FARC, y sobre ellas pesaba una orden de detención emitida por un fiscal ecuatoriano, según relató el Representante colombiano.

Por su parte, el Representante Permanente de Nicaragua, Denis Moncada, manifestó que el Gobierno del Presidente Ortega “tomó una decisión de carácter humanitario en el marco de la Constitución de Nicaragua, del ordenamiento jurídico interno de Nicaragua y de las normas del derecho internacional” en referencia al asilo concedido a Torres y Pérez.

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