La tragedia en Málaga y la responsabilidad institucional

En la individualista isla de Inglaterra, considerada decadente en algunos aspectos por el resto del continente europeo, la gente está subiendo de peso por comer demasiado en sus dietas.

El Gobierno laborista de ese país, a través de la agencia estatal Food Standards Agency, ha aceptado que es, en parte, responsable del aumento de peso en la población, por no suministrar a la ciudadanía un espacio informativo eficiente para promover dietas sanas en el hábito del comer de sus ciudadanos.

Bien distinta es la situación en nuestro país [El Salvador] donde la gente se muere por desnutrición o, lo que es lo mismo, se muere de hambre, como así lo afirma el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, junto a otras organizaciones no gubernamentales.

Sin embargo, a diferencia del gobierno inglés que se responsabiliza en la parte que le toca, por el mero hecho de que su gente se esté hinchando de comer, el gobierno salvadoreño lejos de responsabilizarse y asumir su parte de corresponsabilidad, niega que en el país la gente esté pasando hambre, menos aun que se esté muriendo por su causa.

La comparativa es tendenciosa, siempre lo son, pero en el fondo lo que quiero poner de relieve no son las diferencias entre el gobierno laborista inglés y el gobierno de ARENA en nuestro país –una columna no bastaría ni para empezar– sino un ingrediente de mayor importancia todavía ausente en nuestra democracia, algo que los ingleses denominan “accountability”.

Parece una palabrita técnica para entendidos en contabilidad, pero en realidad es un término cotidiano en el léxico de la vida pública de muchos países avanzados, bajo el cual los oficiales electos de los gobiernos, de todos los partidos y a todos los niveles, se responsabilizan no sólo de sus actos directos como personajes en control de los recursos públicos, sino también de aquellos acontecimientos más indirectos.

Como el aumento de la tasa de personas con VIH/SIDA, la subida del número de mujeres fumadoras, el alza en el número de suicidios nacionales, o algo menos trágico como es el aumento de peso en la población.

Estos acontecimientos colectivos, muchas veces abstractos, derivados de comportamientos individuales no están dentro de las competencias directas de la gestión de gobierno, pero sí están dentro del terreno del término inglés “accountability” que practican muchas sociedades avanzadas y que tanta falta hace en nuestra democracia.

La tragedia en la Colonia Málaga hace unos días [en San Salvador] es un episodio más en el que el Gobierno de nuestro país por enésima vez se descuelga de su responsabilidad ante el desastre colectivo con una rapidez al estilo Dalí, rayando el surrealismo.

Me recuerda ese avestruz en la serie del Coyote y el Correcaminos, en donde el flaco y hábil pájaro, con sus largas patas, trasformadas en una correa de transmisión que roza el suelo, desaparece de la escena del crimen a toda velocidad, siempre impecable y sin despeinarse.

El tormentón del 3 de julio que mató a 31 personas inocentes en la Colonia Málaga pudo haberse evitado pero, como dijo un alto funcionario público, el gobierno no tenía una bola de cristal para ver los acontecimientos con antelación.

La tormenta calló rápidamente en forma de diluvio en los alrededores de una área de baja seguridad, donde en teoría el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya había pasado el “scanner” de evaluación de riesgos.

Había realizado construcciones de mitigación, basadas en “estudios técnicos”, obras de más de $18 millones para evitar posibles peligros de desbordamiento en períodos de lluvia altamente intensos en toda esa zona ya entonces denominada “zona de riesgo”.

El informe del MOP de 2005 contemplaba que sólo una lluvia de más de “210 milímetros” provocaría desbordamientos en la dichosa zona.

Pero a la hora de la verdad, bastó una aluvión de 128 milímetros, poco más de la mitad del nivel señalado en el informe, para que el agua, que no entiende de números, ni de informes técnicos, se llevara en su cause todo

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