Exigen grupos humanitarios frenar ejecución de mexicanos

Grupos defensores de derechos humanos iniciaron una campaña de presión legal para exigir al presidente George W. Bush y al gobernador de Texas, Rick Perry, acatar la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de suspender la ejecución de cinco mexicanos.

La organización Amnistía Internacional (AI) expresó en una carta enviada al gobernador de Texas, Richard Perry, su “honda preocupación” por su posición asumida en relación al caso de los cinco mexicanos condenados a muerte en su demarcación.

“Deseo expresarle mi honda preocupación por la posición asumida por su gobierno en relación con el caso de cinco mexicanos condenados a muerte a favor de los cuales la CIJ ha ordenado la suspensión de sus ejecuciones”, destacó la misiva.

Recordó que en 2004 la CIJ fijó una sentencia a favor del Estado mexicano en la cual ordena a Estados Unidos revisar los procesos judiciales de 51 mexicanos condenados a muerte debido a la violación de sus derechos consulares de conformidad con la Convención de Viena.

La semana pasada, la CIJ dictó medias provisionales solicitadas por el gobierno mexicano para suspender la ejecución de cinco mexicanos, entre ellas la de Ernesto Medellín, cuya sentencia deberá cumplirse el próximo 5 de agosto.

La carta firmada por el representante de AI en México, Alberto Herrera Aragón, destacó que pese a la orden de la CIJ, “el gobierno a su cargo ha manifestado su nula voluntad de acatar esta sentencia internacional cuyos efectos son indudablemente obligatorios”.

“Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y bajo todas las circunstancias”, señaló la carta.

Agregó que “aún así, este caso cobra especial relevancia por la gravedad que representaría el hecho de que Estados Unidos incumpla la sentencia de un tribunal internacional”.

AI destacó que “la moratoria para la ejecución de sentencias por pena de muerte aprobada por la Asamblea General de la ONU es una evidente muestra de la tendencia que a nivel internacional los países han determinado hacia un mundo donde la pena de muerte sea abolida en su totalidad.

La víspera, el grupo de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Washington, recomendó a la administración Bush, exigir al estado de Texas que respete la decisión de la CIJ y suspenda las ejecuciones.

“La ejecución de ciudadanos extranjeros en violación de una orden de la corte internacional pondría en riesgo a los estadounidenses en el mundo”, dijo David Fathi, director del programa para Estados Unidos.

Indicó que en caso de que Estados Unidos no cumpla con sus obligaciones legales derivadas de este caso “será difícil hacer que otros países respeten los derechos de los estadounidenses bajo arresto”.

Fathi criticó la postura de un portavoz del gobernador Rick Perry, quien ha dicho que “la CIJ no tiene vigencia en Texas y Texas no acata ninguna decisión o edicto de un tribunal extranjero”.

Esta posición, agregó, contradice al gobierno de Washington, que reconoce que Estados Unidos es responsable ante la ley internacional de los actos de los estados.

Pese a la orden de la corte, el estado de Texas tiene planes de continuar con la ejecución de Medellín, quien está en la sala de espera junto con César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos.

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