Piden Rice y Mukasey a gobernador Perry frenar ejecución de mexicano

El procurador general de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, y la secretaria de Estado, Condoleeza Rice, pidieron al gobernador de Texas, Rick Perry, frenar la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín.

En representación de Estados Unidos, los altos funcionarios federales se suman así a organismos internacionales de derechos humanos y a los gobiernos de México y otras naciones en demandar la suspensión de la ejecución de Medellín, prevista para el 5 de agosto.

En su petición, Mukasey y Rice advierten a Perry que si la sentencia no se suspende para que el caso de Medellín sea revisado una vez más a instancias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, Texas estará apresurando un juicio y colocando en peligro a los estadunidenses en el extranjero.

La solicitud de Rice y Mukasey fue enviada en una carta a Perry desde el mes pasado, pero su contenido fue dado a conocer apenas esta semana por los abogados de Medellín.

Con su petición al gobernador de Texas, los altos funcionarios federales buscan que esta entidad cumpla con el fallo de la CIJ que ordenó a Estados Unidos revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte pero que se violaron sus derechos consulares.

La corte internacional dictaminó en marzo de 2004 que los mexicanos fueron privados de su derecho a recibir asistencia consular cuando fueron detenidos y acusados de los crímenes por los que se les sentenció.

Este mes, la CIJ emitió un nuevo exhorto a Estados Unidos, para que tomara medidas precautorias a fin de frenar la ejecución de Medellín y de otros cuatro mexicanos, en tanto define a petición de México, los alcances de su fallo de 2004.

En su misiva, Mukasey y Rice pidieron “con todo respeto, que Texas tome las medidas pertinentes para hacer efectiva. la decisión”, de la corte internacional.

La petición de los funcionarios federales a Perry es similar a la planteada hace tres años por el presidente George W. Bush, quien buscó que las entidades con reos mexicanos enlistados en el fallo de la CIJ cumplieran la recomendación de la instancia internacional.

Texas y otras entidades se opusieron entonces a la petición presidencial, al argumentar que la solicitud del presidente Bush excedía los límites constitucionales de la autoridad federal.

El pasado 25 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó a favor de Texas al liberarlo de la obligación de revisar los casos de mexicanos condenados a muerte.

El fallo dio luz verde para que procediera la ejecución de Medellín, a pesar del dictamen de la CIJ.

Sin embargo, un par de legisladores federales interpusieron hace dos semanas una iniciativa de ley bajo la cual pretenden obligar a las entidades estadunidenses a acatar la disposición de la corte internacional.

La iniciativa fue interpuesta por los representantes demócratas de California, Howard Berman y Zoe Lofgren.

La defensa de Medellín gestiona ahora que la ejecución del mexicano se postergue el tiempo suficiente como para que dicho proyecto de ley pueda ser analizado por el Congreso.

“Texas tiene la obligación de cumplir este compromiso de Estados Unidos como cualquier otro y debe dar al Congreso un plazo adecuado para aprobar el proyecto de ley”, señaló Donald Donovan, quien encabeza la defensa de Medellín.

Especialistas en derecho internacional han advertido que si Estados Unidos incumple sus compromisos internacionales en cuanto al tratamiento de extranjeros, colocará en peligro los derechos de los estadunidenses que sean detenidos en otras naciones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que unos cuatro mil 456 estadunidenses fueron arrestados en el extranjero en 2006.

El vocero del gobernador Perry, Robert Black, reconoció esta semana que el gobierno federal está en “un gran dilema” porque Estados Unidos en su conjunto está obligado a acatar los tratados internacionales, pero los estados como entidades individuales no lo están.

“El gobernador no siente ninguna pre

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