Protestarán en Chicago por cooperación de policía con migración

Chicago.- Más de 60 familias mexicanas en Chicago, Illinois, cuyos sostenes económicos fueron arrestados por un delito menor y enfrentan la deportación, protestarán la próxima semana por la cooperación de la policía local con las autoridades migratorias.

Los casos de estas familias serán presentados el próximo martes durante una audiencia abierta por el Concilio Municipal de Chicago, en el que las autoridades recabarán datos para iniciar una investigación.

En rueda de prensa, varias madres de estas familias, acompañadas por el activista Jorge Mújica, anunciaron una vigilia, procesión y manifestación antes de la audiencia para protestar por la cooperación de la policía con las autoridades migratorias en la detención de sus esposos.

Estas mujeres y sus familias viven ahora de la ayuda de la Iglesia Anglicana Misión Nuestra Señora de Guadalupe, del sacerdote José Landaverde.

“Exigiremos que la Policía de Chicago respete las ordenanza municipal, o ley santuario, que prohíbe averiguar el estado migratorio de las personas”, dijo Mújica, coordinador del movimiento 10 de Marzo.

Informó que en un encuentro con elementos de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía local, se anunció que los agentes que hayan violado la denominada “ley santuario” serán sancionados.

Sin embargo, la Oficina de Asuntos Internos señaló que si bien los oficiales tienen prohibido preguntar la nacionalidad de los detenidos, lo hacen con el fin de concederles sus derechos a los extranjeros, conforme a la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

Mújica aseveró que si los policías se van a proteger bajo este argumento, se propondrá que se cumpla la notificación al consulado, y que de ninguna manera se asiente en el acta de detención que la persona es extranjera, ya que se facilita el trabajo de migración.

Durante la rueda de prensa, Severa Avilés relató que a su marido Jacobo lo detuvieron hace cinco meses por conducir en estado de ebriedad, cuando estaba estacionado su auto, y ahora sigue un proceso de deportación.

“De la cárcel de la calle 26 se lo llevaron a la prisión del suburbio de McHenry. No pude pagar la fianza de ocho mil dólares que impuso la Migra y no tengo forma de mantener a mis dos hijas”, expuso.

Por su parte, Heriberta Valladares comentó que a su esposo lo detuvieron cuando chocó porque se sentía enfermo, estuvo dos semanas en la prisión local y después lo condujeron al suburbio de DuPage, donde enfrenta un proceso migratorio.

“Le impusieron una fianza de cinco mil dólares, que no podemos pagar, porque no tengo ni para la renta. El 11 de agosto tiene corte y no sabemos cuándo será deportado”, añadió.

El sacerdote Landaverde y el activista Mújica llevan más de tres meses abogando por estas familias mediante manifestaciones, entrevistas con autoridades y presionando a los políticos hispanos locales para que actúen.

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