Embargo por 141 mdd contra empresa contaminante en El Salvador

San Salvador.- Un tribunal salvadoreño ordenó el embargo de más de 141 millones dólares contra la empresa Baterías Récord, acusada por la Fiscalía del delito de contaminación ambiental con la consecuencia de cientos de niños y adultos afectados.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan Opico, en el sureño departamento de La Libertad, determinó la resolución -emitida el pasado 21 de agosto pasado y divulgada este día en la prensa- en la que se pide el embargo de todos los bienes de la fábrica.

“El embargo consiste en la afectación directa de los bienes del imputado o del responsable civil subsidiario, puede entenderse bienes muebles o inmuebles”, reza parte de la resolución del juzgado.

Según el fallo, la medida incluye también la confiscación a los directivos de la firma Baterías Récord implicados en el proceso y que están prófugos de la justicia.

Los implicados son Ronald Antonio Lacayo, Sandra Cecilia Lacayo de Escapini y José Ofilio Guardia.

La defensa de los directivos de la empresa presentó una apelación el pasado jueves luego de conocer la resolución del tribunal.

El fallo del tribunal no incluye indemnización para las víctimas que se contaminaron con el plomo que emitía la empresa de baterías, ya que la Fiscalía se abstuvo de acusar a la compañía por los daños ocasionados a los habitantes de la zona.

Los 141 millones de dólares servirán para remover los desperdicios que se encuentran dentro de la compañía, cerrada por el Ministerio de Salud hace un año.

El grupo Movimiento Sin Plomo, integrado por personas contaminadas y sus familiares, así como organismos ecológicos de El Salvador, siguen hasta la fecha a la espera de justicia, pues las autoridades no han querido reconocer el daño ocasionado a la comunidad.

Los afectados tienen pruebas de contaminación, que el mismo Ministerio de Salud ha hecho, especialmente de niños que presentan problemas hasta de aprendizaje, sin embargo, los fiscales no han agregado esto al caso.

Tras no encontrar justicia para enmendar el daño a las víctimas a fin de recibir tratamiento y una indemnización, el Movimiento Sin Plomo demandó al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos.

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