Tramitan proyecto de ley sobre "muerte digna" en Andalucía

Madrid.- La Junta de Andalucía inició los trámites para un proyecto de ley sobre “muerte digna”, que regulará los derechos de los pacientes y las obligaciones de los profesionales sanitarios y de los centros sanitarios públicos y privados.

La iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía busca garantizar el acceso de los enfermos terminales a los cuidados paliativos y a la interrupción de su tratamiento, así como respaldar la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones.

Se prevé que la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte será presentada en el segundo trimestre de 2009 al Parlamento de esta comunidad autonóma española para su debate.

Tras destacar que este proyecto de ley es el primero “de estas características que se elabora en España”, la consejera de Salud, María Jesús Montero, dijo que el 93 por ciento de los andaluces coinciden en que “todo el mundo tiene derecho a morir dignamente”.

De acuerdo con el anteproyecto, entre los derechos de los pacientes se encuentra recibir información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, con el objetivo de ayudarlo en la toma de decisiones.

La iniciativa también establece la potestad del enfermo de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

Garantiza además que estos pacientes reciban tratamiento contra el dolor, incluida la sedación paliativa, así como los cuidados mitigantes integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no estén contraindicados.

La privacidad personal y familiar del enfermo y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también están garantizadas.

El ciudadano podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte.

De acuerdo con la consejera Montero, los pacientes que tengan que ser hospitalizados tendrán derecho a una habitación individual durante su estancia, tanto en una clínica privada como en una pública.

La iniciativa establece además que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en fase terminal deberán informarle sobre su situación y respetar las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.

Montero informó de que “todos los centros sanitarios tendrán acceso a un comité de ética” de carácter consultivo para cualquier conflicto que pueda surgir.

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