Acusan a Bush de incumplir planes de mejoría en cortes de inmigración

El gobierno del presidente George W. Bush incumplió sus promesas hechas en 2006 de mejorar el funcionamiento de las cortes de inmigración, concluyó un informe financiado por la Fundación Carnegie.

El gobierno falló en instrumentar medidas para incrementar la supervisión sobre los jueces de inmigración, hacer más riguroso el proceso de apelaciones o buscar consistentemente fondos para jueces adicionales, de acuerdo con el reporte.

El estudio fue hecho por la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) bajo el patrocinio de la Fundación Carnegie, a fin de evaluar los esfuerzos del gobierno y la efectividad de las cortes de inmigración.

El entonces procurador general Alberto Gonzáles emitió el plan de 22 puntos en 2006 para mejorar este desempeño, tras de una serie de decisiones de cortes federales de apelaciones que puso en cuestión la labor de las cortes de inmigración.

Las críticas se referían a la enorme disparidad con la que los jueces de inmigración decidían asuntos de asilo, basados más en puntos de vista particulares que por hechos reales.

Pese a las graves deficiencias que reportó el estudio, hubo áreas donde se adoptaron los cambios recomendados en el plan del Departamento de Justicia y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración.

Por ejemplo, las autoridades federales han publicado procedimientos estandarizados de la corte, asignado jueces supervisores a todas las cortes y proporcionado recursos para apoyar el trabajo de los jueces de inmigración.

En otros casos, las mejoras se han completado parcialmente como la asignación de un juez de inmigración para que resuelva quejas sobre jueces de inmigración, pero no han publicado información sobre el funcionamiento del proceso o el número de quejas procesadas.

El informe señaló que la Oficina de Responsabilidad Personal del Departamento de Justicia, así como su inspector general, indicaron que el sistema de cortes de inmigración usaron un proceso “ilegal y politizado” para designar de 2004 a 2006 jueces conservadores de inmigración.

Esos jueces carecían de experiencia y el proceso resultó en un gran número de vacantes en momentos que el Departamento de Justicia había expresado la meta de aumentar su número, denunció el informe.

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