Agricultores argentinos vuelven a la huelga contra el Gobierno

BUENOS AIRES (AFP) – Las organizaciones de agricultores de Argentina, una potencia exportadora de alimentos por unos 35.000 millones de dólares anuales, volverán a paralizar la comercialización durante seis días desde el viernes, en protesta contra la política agropecuaria del gobierno.

“El gobierno ignora de nuevo nuestros reclamos. No se puede desconocer el agravamiento de la situación de los productores por el alza de costos, ligada a los precios del petróleo y la caída de precios internacionales por la crisis financiera mundial”, dijo uno de los líderes agrarios, Hugo Biolcatti.

El dirigente afirmó que “no se venderán granos con destino a la exportación ni al mercado interno, ni ganado en pie”.

Pero el gobierno se mostró sorprendido por la medida de fuerza, que atribuyó a decisiones políticas de los líderes del sector agropecuario, a quienes llamó a continuar el diálogo en busca de soluciones.

“Nos ha sorprendido muchísimo, no esperábamos esta protesta en un momento en que estábamos dialogando, pero parecería que hay condiciones políticas que nos impiden continuar con ese diálogo”, afirmó el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, en rueda de prensa en la Casa Rosada (gobierno).

Cheppi señaló que “la medida de protesta ayuda muy poco al país cuando hay una crisis financiera internacional generando condiciones que no sabemos donde van a terminar” e instó a los productores a retomar el diálogo.

Millares de agricultores cumplieron este año una triunfante huelga de 128 días al cabo de la cual lograron el rechazo del Congreso a un proyecto de la presidenta Cristina Kirchner de aumentar impuestos a las exportaciones de soja, entre otros granos y cereales.

Argentina es el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja, el cuarto de trigo, el segundo de maíz -detrás de EEUU- y el tercero de granos de soja, según la secretaría de Agricultura estadounidense.

Las exportaciones de materias primas agrícolas y agroindustriales representan más del 50% de las ventas externas del país.

Los principales destinos de las exportaciones agrarias son el Mercosur (Uruguay, Brasil y Paraguay), la Unión Europea y Asia, cuyas compras en Argentina sufrieron alteraciones entre marzo y julio cuando los huelguistas cortaron las rutas, dejaron de vender sus productos y pusieron en jaque a Kirchner.

La nueva medida de fuerza omitirá esta vez bloquear las carreteras de la región central del país, la rica Pampa Húmeda, pero se organizará una marcha de productores hacia Buenos Aires.

“Queremos la eliminación lisa y llana de las retenciones (impuestos a las exportaciones). Que las pongan en cero”, dijo Biolcatti sobre la gabela que fue el detonante de la huelga en marzo, cuando el gobierno intentó instalar un sistema de alícuotas flotantes, sometidas al nivel de precios mundiales.

Los dirigentes de la llamada Comisión de Enlace, el comité de huelga que agrupa a las cuatro más grandes entidades de agricultores, plantearon en la rueda de prensa que otro problema “grave que aqueja a los productores es la sequía, que es la peor en los últimos 100 años según los técnicos del gobierno”.

Kirchner había sufrido en julio una severa derrota política al rechazar el Congreso un programa de alza a los impuestos a las ventas externas de granos y cereales, lo que frenó en aquel momento el duro conflicto con los productores, en pie de guerra contra la presión fiscal.

La protesta es impulsada con mayor energía por los productores de soja, leguminosa que ocupa el 50% de la superficie sembrada y genera ingresos anuales por casi 24.000 millones de dólares, incluidos los aceites derivados.

El precio de la soja en el mercado de Chicago bajó en los últimos meses de casi 600 a 400 dólares la tonelada.

La presidenta fracasó en su intento de aumentar de 9.000 a 11.000 millones de dólares la recaudación fiscal de la soja, pero la huelga, apoyada por las poblaciones de decenas de ciudades de la Pampa Húmeda causó un colapso político que hizo derrumbar su popularidad del 50% al 25%, según sondeos privados.

La huelga anterior causó desabastecimiento y la inflación se disparó, precisamente cuando el gobierno intentaba frenarla, aunque la medición oficial de 10% anual está cuestionada por institutos privados que la calculan en al menos 25%.

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