Condenan al Estado salvadoreño por muerte de 32 personas

San Salvador.- La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) responsabilizó el miércoles al Estado de El Salvador por la muerte de 32 personas que el pasado 3 de julio fueron arrastradas por las intensas lluvias que afectaron al país.

El titular de la PDDH, Oscar Luna, dijo que tras un estudio sobre la tragedia del río Acelhuate, en la colonia Málaga, en el sur de esta capital, se encontró que las autoridades tuvieron que ver en este caso por no haber realizado las obras de mitigación en la zona.

“Se da por establecida la responsabilidad del Estado, respecto a las violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad personal, el deber de adoptar medidas para la prevención de riesgo”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

De igual manera, la condena al Estado se da también por la falta de alertas tempranas y por la no actuación oportuna de las autoridades de emergencia para salvar a las personas.

La crecida del río alcanzó a la comunidad de Málaga, donde al momento de las torrenciales lluvias circulaba un autobús con 33 personas a bordo, miembros de la iglesia Elim, de las cuales fallecieron 32 al ser arrastrado el vehículo.

En la tragedia, que conmovió a la ciudadanía del país, sólo una persona sobrevivió y el resto sufrió las consecuencias fatales.

Según Luna, los principales responsables son el presidente salvadoreño Antonio Saca, por la omisión de adopción de medidas que garantizarán la seguridad de esa población, así como al ministro de Gobernación y presidente de Protección Civil, Juan Miguel Bolaños.

La culpabilidad también recae sobre el ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, por no haber hecho las obras de mitigación en la zona que desde hace mucho tiempo había sido declarada en riesgo, así como también al director de Protección Civil, Jorge Barahona.

Explicó que la resolución emite una serie de recomendaciones, entre ellas que la Fiscalía inicie una investigación sobre la muerte de las 32 personas, así como al Estado para que proceda a indemnizar a las familias de las víctimas “con base en el derecho a la verdad y a la justicia”.

Mario Vega, pastor de la Iglesia Elim y los familiares de los fallecidos que estuvieron presentes en la lectura del informe de la PDDH, dijeron sentirse satisfechos por el fallo que condena al Estado salvadoreño y esperan que acate las recomendaciones hechas.

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