Se agrava conflicto entre grupo español y Estado argentino por Aerolíneas

BUENOS AIRES (AFP) – El conflicto por el traspaso de las empresas Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral del grupo español Marsans al Estado argentino se agravó este martes a raíz de la abultada diferencia en el precio cotizado por ambas partes, cuando vence el plazo para negociar la venta.

Los representantes del Gobierno y de la empresa mantuvieron una prolongada reunión durante la jornada, pero no pudieron arribar a un acuerdo y por la noche decidieron prorrogar cualquier resolución hasta el 12 de noviembre próximo.

“Aerolíneas tiene un saldo negativo de 600 millones de dólares”, dijo el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, al revelar la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones de Argentina, el organismo encargado de determinar el precio para la adquisición de ambas compañías, en virtual bancarrota.

Pero del lado de Marsans, un informe del banco privado Credit Suisse determinó que el precio de AA y Austral se sitúa entre los 250 y los 450 millones de dólares, considerando la situación de ambas compañías al 7 de julio pasado.

Esa diferencia tensó las negociaciones entre Marsans y el Estado argentino, que inyectó unos 600 millones de pesos (183,5 millones de dólares) en los últimos tres meses para garantizar la continuidad de operaciones de las empresas, en las que trabajan unos 9.000 empleados.

“Si valen eso le voy a pedir al Credit Suisse que tase mi casa de Caleta Olivia (ciudad patagónica), así la vendo y compro un piso en Puerto Madero (el barrio más caro de Buenos Aires, donde el metro cuadrado ronda los 6.000 dólares)”, ironizó Jaime sobre el precio fijado por la entidad bancaria suiza.

El Parlamento argentino aprobó a inicios de setiembre un proyecto del Gobierno de reestatización de Aerolíneas y Austral, pese a las duras críticas de la oposición, enfurecida porque los contribuyentes argentinos no tenían por qué hacerse cargo de la mala administración privada.

Marsans administró las firmas durante siete años y las está devolviendo envueltas en una grave crisis, con una deuda acumulada de 890 millones de dólares y con el 40% de su flota de 70 aviones fuera de servicio.

El traspaso de las empresas al Estado había sido acordado por el Gobierno con Marsans en julio, cuando ambas partes firmaron un documento, en el que acordaron establecer en forma conjunta el precio de los activos, cuyo plazo venció este martes.

Aquel documento estableció que en caso de no llegar a un acuerdo sobre el precio, se acudirá a un organismo internacional neutral.

Sin embargo, la ley de reestatización determinó que el Congreso argentino tendrá la última palabra sobre el precio de venta de las empresas, que controlan el 80% del mercado aéreo doméstico, al margen de las rutas internacionales de AA.

Pero Marsans advirtió que si no están conformes con la valuación final, acudirán al Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial.

En tanto, los gremios aeronáuticos amenazaron retomar medidas de fuerza esta semana si no se concreta el paso de ambas aerolíneas al Estado.

“Si no hay un acuerdo y Marsans pretende retomar el control de Aerolíneas, que vuelen ellos los aviones”, dijo Jorge Pérez Tamayo, líder del gremio de pilotos.

AA y Austral fueron privatizadas en 1990 durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), que las cedió por adjudicación directa a la estatal española Iberia, en un proceso cuestionado incluso en foros judiciales.

Iberia se retiró del negocio en 2001, cuando se acordó con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España) transferir la posesión a Marsans.

Marsans pagó un precio simbólico de un dólar y recibió del erario español 758 millones de dólares para cubrir pasivos de la empresa, la cual recibió sin deudas.

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