Denuncian riesgos por penalización del aborto en Nicaragua

Ginebra.- La penalización del aborto terapéutico en Nicaragua es uno de los temas que ha causado mayor controversia durante la sesión 94 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, luego de las denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales.

Entidades como el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), el Centro de Derechos Constitucionales (CDC), la Clínica de los Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (IWHR) y Human Rights Watch (HRW) expusieron el caso.

Según un reporte de HRW, desde que entró en vigor en 2006 la ley que penaliza la interrupción del embarazo en Nicaragua, se han registrado en ese país numerosas muertes de mujeres embarazadas que podrían haber sido elegibles para un aborto terapéutico.

Este tipo de aborto, que desde hace 169 años era legal en Nicaragua, era practicado en caso de que la vida de la mujer estuviera en riesgo por condiciones como preeclampsia, leucemia, cáncer de cuello del útero o en el caso de embarazos resultado de violación, incesto o con serias deformidades del feto.

Nicaragua es uno de apenas tres países en todo el mundo en prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia, incluso en caso de violación, incesto o peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, afirmó HRW.

El informe presentado por el MAM y el CDC denuncia que hasta el momento se ha contabilizado la muerte de 12 mujeres a causa de la ley que penaliza el aborto en Nicaragua,

Sin embargo, las organizaciones advirtieron que la cifra podría ser mayor, ya que ha habido “un brusco aumento en el número de mujeres que han cometido supuestos suicidios, así como el aumento de muertes por causas indirectas como aneurisma o hipotiroidismo”.

El médico Oscar Flores Mejía, de la Sociedad Nicaraguense de Ginecología y Obstetricia, dijo a Notimex que también se han registrado varias muertes por complicaciones del aborto involuntario a causa de un retraso en asistencia de emergencia porque los médicos temen ser detenidos por haber interrumpido el embarazo.

El código penal nicaraguense establece penas de uno a tres años de cárcel para quien realice el aborto y de uno a dos años para la mujer que lo solicite, además de que no establece excepciones, ni siquiera cuando peligre la vida de la mujer embarazada.

“Bajo esta ley, exclamó el doctor Flores, no podemos hacer nuestro trabajo ni salvar vidas por temor a ser encarcelados”.

HRW observó que debido a esta ley, se prevé que cada vez más mujeres se resistan a solicitar atención médica por complicaciones del embarazo, en especial hemorragias, por temor a ser acusadas de pretender abortar.

La organización defensora de los derechos humanos mencionó el caso de cuatro mujeres embarazadas, de entre 17 y 24 años, que murieron por temor a pedir ayuda médica o porque los médicos no actuaron a tiempo por temor a ser procesados.

Asimismo, las entidades denunciaron que el gobierno del presidente nicaraguense Daniel Ortega ha atacado a las organizaciones defensoras de las mujeres que han pedido la derogación de la ley.

“El gobierno nos llama abortistas y asesinas de bebés, traidoras de la nación”, señaló a Notimex la abogada Juana Jiménez, líder del MAM, quien afirmó que defender los derechos en Nicaragua hoy “constituye un riesgo real de muerte y de persecución política”.

Los informes presentados al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el MAM, el CDC, el IWHR y HRW coinciden en que la ley contra el aborto terapéutico en Nicaragua viola los derechos de las mujeres a la vida.

Destacaron que este tipo de prohibiciones son incompatibles con el respeto a los derechos humanos internacionales, incluyendo el derecho a la salud y la no discriminación.

En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales han subrayado el efecto que tienen las restricciones legales del aborto en la vida y salud de mujeres.

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