Odebrecht pide respeto a seguridad jurídica tras ser expulsada de Ecuador

QUITO (AFP) – La constructora brasileña Odebrecht pidió el domingo respeto a la seguridad jurídica tras su expulsión de Ecuador ordenada por el presidente Rafael Correa, quien adujo incumplimiento de contrato para suspender las obras con esa empresa por unos 600 millones de dólares.

El gerente administrativo de la firma, Luis Batista Filho, expresó que “tenemos la convicción de que el reto de crear y repartir riquezas económicas y sociales no puede ser logrado sin que las relaciones de negocios sean amplificadas por la búsqueda de la integración entre los pueblos”.

“Este propósito exige del sector público y privado el manejo de las discordancias bajo el supuesto de la búsqueda de lo que es cierto, en la plena vigencia de las instituciones democráticas y de la seguridad jurídica”, agregó el representante en un comunicado publicado en la prensa.

Alegando una serie de irregularidades, Correa expulsó por decreto a Odebrecht y a la fiscalizadora brasileña Furnas en setiembre, revocando al mismo tiempo los contratos que había adjudicado a la constructora.

El conflicto tuvo como detonante la paralización en junio por daños de la hidroeléctrica San Francisco apenas un año después de haber sido entregada por Odebrecht, que aceptó reticente sus responsabilidades aunque posteriormente fue acusada de sobrecostos.

El mandatario confió el sábado en que las relaciones con Brasil se arreglarán luego de las tensiones originadas por las medidas contra Odebrecht, que incluyen el embargo de sus bienes.

“Estoy seguro de que estas cosas se van arreglar, pese a los intentos de la prensa para ahondar el conflicto”, manifestó en su programa sabatino de radio y televisión.

Según Batista Filho, la empresa “está contribuyendo para el término de los contratos dentro del marco legal existente” y “continuamos también firmes en nuestro propósito de contribuir para la muy añorada integración suramericana”.

Apuntó que los contratos que ejecutaba Odebrecht en Ecuador como otra central hidroeléctrica y un aeropuerto “fueron firmados o renegociados en el presente gobierno y contaron con informes favorables de los organismos de control del Estado”.

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