Asume México respeto a garantías en lucha contra crimen organizado

El reto de enfrentar al crimen organizado es complejo y amplio, pero el Estado lo asume con respeto a los derechos humanos, afirmó el director general de Derechos Humanos y Democracia de la cancillería mexicana, Alejandro Negrín.

En una audiencia en el marco del 133 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales y del gobierno mexicano hablaron sobre la lucha contra el crimen organizado en el país.

Negrín dijo que las acciones gubernamentales responden al imperativo de restablecer la seguridad ante los embates del crimen organizado, pero con respeto a los derechos humanos.

Admitió no obstante que se enfrenta “el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia desatendidos durante décadas y ello se agrava con la penetración de la delincuencia”.

“Como gobierno, reconocemos y admitimos los diferentes desafíos y problemas que enfrentamos en materia de derechos humanos”, sostuvo al destacar que también se cuenta con una amplia red de defensa de los derechos humanos donde participan gobierno y sociedad.

Sobre el particular, organismos no gubernamentales mexicanos pidieron a la CIDH que realice una visita ´in situ´ para verificar el impacto social de las políticas de seguridad pública del gobierno.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional también pidieron que la CIDH formule recomendaciones al gobierno de Mexico para combatir la impunidad.

Mario Solorzano, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que las políticas gubernamentales han dado lugar a numerosas y graves violaciones de los derechos humanos “e inclusive han aumentado el índice de violencia en el país”.

Vanesa Coria, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, pidió que si la CIDH determina efectuar la visita, supeditada a la invitación del gobierno de Mexico, esta incluya entre los estados a visitar a Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.

Además propuso que la CIDH solicite al Estado mexicano información sobre el cumplimiento de las recomendaciones y los estandares interamericanos en materia de seguridad, particularmente respecto a la participación de las fuerzas armadas en tarea judiciales.

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