Defiende ambientalista suspensión de tala masiva en Costa Rica

San José.- El experto ambientalista Alexander Bonilla se pronunció el viernes en contra de la tala masiva aprobada por el gobierno de Costa Rica en el marco de un proyecto para explotar una mina, una medida que fue suspendida por las autoridades judiciales.

Bonilla recordó que el gobierno costarricense declaró la semana pasada “de interés público” el proyecto minero Las Crucitas y, por esta razón, autorizó la tala masiva en más de 160 hectáreas de bosque, inclusive de especies protegidas, en una zona al norte del país.

Ante ello, el ambientalista señaló que es necesario determinar si se trata, efectivamente, de una actividad de conveniencia nacional, o sólo de interés particular.

Advirtió que esa declaración de interés público, mediante la cual el gobierno autorizó la tala masiva de bosque, puede ser la base para futuras acciones de deforestación.

En un articulo publicado este viernes por el diario La Nación, Bonilla afirmó que es necesario detener de manera definitiva la tala cuya suspensión fue ordenada esta semana por la Sala Constitucional -también conocida como Sala IV- de la Corte Suprema de Justicia.

“Aquí el fondo es ver si un proyecto es de conveniencia nacional y puede justificar su tala rasa”, apuntó el experto en su artículo “La tala es por conveniencia nacional””.

“La ley forestal prohíbe el cambio de uso de suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque y en áreas de protección, exceptuando aquellos proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de Conveniencia Nacional””, explicó.

“De este portillo se valen el gobierno y una minera para cortar 161 hectáreas de bosque porque la empresa brindará beneficio a toda o gran parte de la sociedad y dará empleo a 253 personas en forma directa y a mil 265 en forma indirecta, entre otras cosas”, señaló.

Sin embargo, consideró que es necesario que “ya sea la Sala IV, la Asamblea Legislativa o alguien calificado (quienes) deben establecer los parámetros para definir la conveniencia nacional”.

Luego del decreto gubernamental se presentó un recurso de amparo, por lo que la Sala Constitucional ordenó el 20 de octubre pasado la suspensión de la tala en la zona, a unos 280 kilómetros al noroeste de San José, cerca de la frontera Costa Rica-Nicaragua.

La Sala Constitucional también ordenó la suspensión del decreto que el presidente costarricense Oscar Arias, y el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles, firmaron el pasado 13 de octubre.

Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) dispuso, de oficio, que se investigue si con la firma del decreto, Arias y Dobles cometieron el delito de prevaricato, contravención que el presidente ha asegurado que no cometió.

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