¿Por qué prestarle a los que no pueden pagar?

Aún quedan algunos puristas en El Salvador, y en el mundo, que creen casi a ciegas —a menudo contra evidencia contundente— que el mercado va a “solucionar”, por sí solo, las anomalías y desigualdades que genera.

El gran economista salvadoreño Manuel Enrique Hinds, probablemente no sea uno de ellos, aunque sostiene que parte de la culpa de la actual crisis financiera en EE.UU. se debe, o se podría deber, a una ley federal de Estados Unidos que, según él, “obliga” a los bancos a prestar dinero a gente insolvente.

Realmente, no sé cómo se le ha ocurrido hacer semejante interpretación de esa ley.

La disposición en la ley es “alentar”, “no forzar”, créditos y préstamos en las comunidades de bajos recursos —por cierto, la gran mayoría son minorías, en donde sobresalen algunas comunidades de sangre y alma salvadoreñas, como Arlandria, comúnmente conocida como Chirilagua City en Alexandria, Culmore en Fairfax, la Pequeña Centroamérica en Los Ángeles, etc.— con el objetivo de disminuir inercias o prácticas discriminatorias por el hecho de ser pobre o de bajos ingresos económicos.

Bajo ningún concepto la ley “obliga” a nadie, y menos a un banco, a dar un crédito a alguien desempleado o insolvente.

Antes de la explosión de la crisis, las instituciones financieras estadounidenses han realizado su actividad bajo sus propios criterios e instintos comerciales. Pretender que el Gobierno Federal de EE.UU., con una ley demócrata de 1977, ha “obligado” a los bancos a prestar su dinero a gente que no tiene ninguna capacidad de devolución es tergiversar la realidad.

Los bancos se lanzaron al negocio de los “subprimes” por su cuenta, utilizando sus propios mecanismos internos de control y supervisión del riesgo. Se equivocaron y ahora están absorbiendo la parte de responsabilidad que les corresponde, especialmente, a la clase dirigente y ejecutiva de las grandes instituciones financieras.

Salir en su defensa, está bien, pero no a costa de los pobres o depositando la responsabilidad en una ley, que en la práctica real, no incide en la concesión de préstamos masivos obligados con un peso suficiente en las carteras bancarias como para provocar una crisis de la magnitud actual que tenemos, y que, por otro lado, sólo intenta aliviar las miserias del que menos tiene.

En el plano de política fisco-económico-monetaria, se sigue creyendo, bajo casos específicos, constructivos teóricos y con amplia religiosidad, que el mercado es supremo, que tiene la capacidad de solucionar “todo” de manera mucho más natural e inteligente y que la llamada “injerencia” del Estado genera ineficiencias, o lo que es peor, agrava aun más el estado y el curso futuro de las cosas.

Por si acaso, otros, en el extremo opuesto, aprovechando que el sistema está de rodillas, apelando delante del cañón, optan por la vía radical: suspender y adueñarse por completo de algunas prácticas del libre mercado, como es el caso de Argentina que anunció hace poco que va a nacionalizar las pensiones de los ciudadanos gestionadas por el sector privado, sin discusiones, acuerdos o debates previos con los actores relevantes.

Algunos señores del sur, están convencidos que, buena parte del mercado, sino todo, necesita nacionalizarse por la fuerza y sin ningún debate previo con nadie para volver a brillar.

Sus formas, más que sus fondos, sólo vienen a justificar eso que simplificamos y eufemísticamente llamamos “neoliberalismo” al que solemos ponerle algún adjetivo contundente como “excluyente”, “marginador”, “cruel”, “inhumano” y otros de esa naturaleza.

Francamente, sin entrar en la dimensión y alcance de la aseveración, no sé qué cosa es más descabellada, la medida de Argentina o la interpretación particular del Sr. Hinds de la ley de Reinversión en las Comunidades pobres en Estados Unidos.

Volvemos a las confusiones. El problema no es ni el Estado, ni el Mercado, sino las personas concretas al frente de ellos, y eso, en mi humilde juicio, tiene una solución mucho más compleja que inflar permanentemente el mercado

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