Demandan al Condado de Anne Arundel sobre redada de inmigración en Annapolis

Silver Spring, MD – La organización comunitaria Casa de Maryland demandó al Condado de Anne Arundel porque se han negado a proporcionar información sobre la redada en Annapolis, Maryland, el 30 de junio donde se reportaron invasiones a los hogares y el uso de perfil racial para las detenciones.

La demanda sostiene que el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel y la Oficina Ejecutiva del Condado no han facilitado los documentos sobre la función del personal del Condado en una redada a principios de este año a los empleados de Annapolis Painting Services.

Hace más de seis semanas, CASA de Maryland solicitó los documentos en una petición bajo la Ley de Información Pública de Maryland, las cuales todavía no han respondido.

“Hay muchas cuestiones pendientes, no sólo acerca de la manera aparentemente ilegal de cómo esta redada se llevó a cabo, sino también sobre el papel que el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel desempeñado en la operación”, dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland.

“El fracaso para cumplir con su obligación legal sugiere que tienen algo que ocultar”, agregó.

El 30 de junio, aproximadamente setenta y cinco agentes federales de Inmigración y Aduanas allanaron simultáneamente las oficinas de Annapolis Painting Services y quince casas de la zona, lo que culminó con el arresto de cuarenta y seis personas por violaciones de inmigración.

En la redada participaron 50 agentes de la Policía del Condado de Anne Arundel. Inmediatamente después de la incursión, el Ejecutivo del Condado de Anne Arundel, John R. Leopold y el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel exaltó a los funcionarios por la operación, pero se negó a responder a cualquier pregunta relacionadas con las tácticas utilizadas, informó CASA de Maryland.

Los documentos solicitados pondrán en evidencia el costo de las redadas para el Condado y la función de la Policía del Condado, en particular si se violaron los derechos constitucionales de aquellos que estuvieron afectados.

“El público tiene el derecho de saber si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su prisa para hacer cumplir las leyes de inmigración, son en sí mismos responsables por la violación de nuestro documento fundacional: la Constitución”, dijo Justin Cox, un especialista de los Derechos Civiles con CASA de Maryland.

“Denuncias de faltas de conducta de este tipo – así como los esfuerzos gubernamentales para cubrir este hecho- debe ser motivo de grave preocupación para todos nosotros, independientemente de nuestras opiniones sobre inmigración. La erosión de cualquiera de los derechos civiles está ligado firmemente a la erosión de todos nuestros derechos civiles”, señaló.

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