El agro-diesel en Colombia: negocio de pocos, miseria para muchos.

Mario Alejandro Valencia*

Ningún ciudadano sensato podría oponerse al avance científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida de las personas y detener la crisis ambiental que sufre el planeta.

Sin embargo, no es gratuito que a nivel mundial venga creciendo cada vez con más fuerza los cuestionamientos sobre los supuestos beneficios económicos y ambientales de la producción de agro-combustibles, desde las críticas por convertir grandes extensiones de áreas cultivables y selvas en monocultivos de palma de aceite para producir agro-diesel y caña de azúcar para producir etanol, hasta las denigrantes condiciones humanas que viven los agricultores y trabajadores de los países pobres del Sur.

Colombia no es la excepción a esta fiebre mundial por encontrar fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles.

No obstante, la solución que plantean los dirigentes no es producto de su ingenio sino de la política agrícola impuesta por la globalización neoliberal desde 1990, entregando la producción de cereales, hortalizas y frutas de clima templado, cárnicos, lácteos y oleaginosas en los acuerdos comerciales, como el TLC con Estados Unidos, y especializando al país en la producción de cultivos tropicales, altamente sobre-ofrecidos en el mundo.

Una felonía que se justifica con la falacia de importar comida barata para toda la población.

La ruina de más de 500.000 productores agropecuarios y campesinos durante la década del 90 y la destrucción de más de un millón de hectáreas, la crisis del café y la violencia rural ocasionaron el desplazamiento de cerca de tres millones de personas del campo a la ciudad y la configuración de una estructura de la propiedad rural de las más inicuas del mundo: el 0,4% de los propietarios, que posee predios de más de 500 hectáreas, acapara el 65% de la tierra.

Un resultado de tal estado de cosas es que durante el gobierno del Ã?lvaro Uribe Vélez se hayan sembrado cerca de 117.000 hectáreas más de palma de aceite del total de 328.973 hectáreas que hoy están cultivadas con dicho género.

Para el gobierno nacional el potencial de hectáreas cultivables en zonas de rica biodiversidad, como las llanuras del Oriente colombiano, la Selva chocoana y el Pacífico colombiano es de 3.5 millones de hectáreas en los próximos diez años.

En Colombia el negocio del agro-diesel se ha desarrollado para beneficiar a contados conglomerados económicos. Con engañifas, el gobierno de Uribe Vélez pretende mostrar a los pequeños agricultores como ganadores, al vincularlos como ‘socios’ de este negocio.

El cultivo de palma de aceite es de tardío rendimiento, por lo que el retorno de su inversión no se da antes de los cinco años de su siembra.
Por esta característica sólo es rentables en unidades de producción no menores a 50 hectáreas. Por lo tanto, la condición predominante es que es un cultivo de medianos y grandes propietarios.

El negocio también deja sin otra opción a los agricultores que se amarran a un proyecto de largo plazo, eliminando la característica especial que tienen los cultivos transitorios de pasarse a otros que puedan presentar mejor rentabilidad en un momento determinado. En el balance debe tenerse en cuenta el alto costo de oportunidad que esta decisión significa para un agricultor.

También se le miente al país cuando se presentan a los agricultores y a los trabajadores como los ganadores en los proyectos de agro-diesel. Por el contrario, aunque el gobierno afirma que se han creado 90.000 empleos por el agro-diesel, las cifras demuestran que no son más de 4.500 en las 18.500 hectáreas de palma que se dedican para la producción actual del combustible, además en viles condiciones laborales dadas por un tipo de contratación completamente laxo.

Todas las argucias oficiales para mostrar los beneficios de los agro-combustibles en realidad ocultan que es un negocio que busca darle salida a excedentes de capitales, y para ello los inversionistas se valen de los estados que legislan para favo

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