El doble rasero de la cooperación internacional en Nicaragua ¿Se quiere resolver la crisis alimentaria?

Isabel Duque*

Nicaragua es señalado por la FAO en su Informe Anual de 2007 como uno de los treinta y siete países del mundo con inseguridad alimentaria severa, con una inflación hasta abril de este año cercana al veinte por ciento y con un déficit comercial externo que ha aumentado en el primer trimestre de 2008 en ciento noventa millones de dólares.

Es el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití pero con una riqueza en recursos naturales con la que se podría alimentar a toda Centroamérica, presenta un cuarenta por ciento de población que vive con menos de un dólar al día y las tres cuartas partes con menos de dos, lo que se traduce en que en más del cuarenta por ciento de los hogares se come menos de tres veces al día.

El problema real de acceso a los alimentos que tiene el país y que hace que uno de cada tres niños sufra desnutrición crónica parece que no va a ser solucionado con las propuestas que la FAO puso encima de la mesa en la última Conferencia para la Soberanía Alimentaria celebrada en junio en Roma, en la que, aparte de buenas palabras en la Declaración Final, se volvió a hablar de revolución verde, de libre mercado y de ayuda alimentaria como los ingredientes necesarios para conseguir paliar el problema del hambre.

No se habló, sin embargo, del uso de transgénicos en esa ayuda alimentaria del PMA (Plan Mundial de Alimentos) y del negocio que esto le supone a los Estados Unidos; de las consecuencias de los Tratados de Libre Comercio con el mismo país; del enriquecimiento de las multinacionales dedicadas a la agroindustria en nombre de una revolución verde que ha obligado al desmantelamiento del pequeño campesinado o, por ejemplo, de las trabas que la FAO lleva años poniendo a la aprobación de una ley de Soberanía Alimentaria en Nicaragua.

Estas circunstancias, relacionadas todas ellas entre sí, han provocado que la dependencia alimentaria del exterior en Nicaragua fuera del 44,6 por ciento en 2006, paradójico si tenemos en cuenta que el sector agrícola es el más fuerte del país pero a la vez incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias de una población que se ha visto forzada a emigrar en los últimos años al extranjero y cuyas remesas suponen el 27 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) nacional [1].

Ley de Soberanía Alimentaria retenida por la FAO
El GISSAN (Grupo de Interés por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional), que agrupa en Nicaragua a 73 organizaciones nacionales y 25 ONG europeas, propuso en 2006 ante la Asamblea Nacional la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SYSAN), ley que fue aprobada en todos sus puntos menos en el quinto, aquel en el que se prohibía expresamente la introducción en el país de OGM (Organismos Genéticamente Modificados).

Es decir, de alimentos generados a partir de semillas transgénicas como ayuda alimentaria. Con la ley parcialmente aprobada se pidió asesoramiento a la FAO, que, sin mostrar interés alguno por trabajar con el GISSAN en la elaboración de las nuevas propuestas, lleva presentados hasta el momento doce borradores que dan la espalda por completo a la ley aprobada parcialmente en junio de 2007.

En un estudio realizado en 2002 y en 2005 sobre los alimentos de primera necesidad (maíz, soya, cereales y arroz) enviados por el PMA a los departamentos de Dipilto, Siuna, Ocotal y Nueva Segovia y cuyos beneficiarios fueron fundamentalmente niños y mujeres embarazadas, los resultados arrojaron que eran en su totalidad de origen transgénico [2].

Estos alimentos provenían de Estados Unidos, y no por casualidad, ya que la ayuda alimentaria supone un gran negocio para el país del Norte que obliga a la comunidad internacional a que los productos salgan de sus fronteras en un tanto por ciento muy elevado y que sean distribuidos por empresas suyas (sólo cuatro empresas en el mundo controlan el transporte y la entrega de ayuda alimentaria).

El negocio es redondo pues lo enviado como ayuda alimentaria es el exceden

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