Ejecuciones extrajudiciales comprometen ayuda militar de EEUU a Colombia

BOGOTA (AFP) – El escándalo por el asesinato de civiles a manos de militares que los presentaron como irregulares muertos en combate generó la primera consecuencia internacional para Colombia, al anunciar Estados Unidos que no brindará asistencia a tres unidades del Ejército implicadas en el caso.

Las denuncias ya se habían cobrado la cabeza de 27 militares -incluidos tres generales- destituidos la semana pasada por el gobierno, y precipitaron la dimisión el martes del comandante del Ejército, general Mario Montoya.

Washington anunció el jueves que las tres unidades “ya no califican para recibir la asistencia” por estar “involucradas en la violación de derechos humanos”, según un informe conocido por la AFP.

“Así se hizo para garantizar que las unidades que participaron en los homicidios de Soacha no recibieran” la ayuda, agregó.

El embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, precisó este viernes que de hecho los destacamentos -que no identificó- no recibían fondos de su gobierno.

“No hemos suspendido nada, lo que hemos decidido es la posibilidad en el futuro de no ofrecer apoyo o asistencia a esas tres unidades”, declaró en Cartagena (norte).

La decisión se refiere al caso de unos 11 jóvenes que desaparecieron en enero de un barrio humilde al sur de Bogotá, y días después el Ejército los mostró como guerrilleros o paramilitares abatidos en choques a más de 500 km de la capital.

Según el gobierno, los oficiales implicados se habrían aliado con bandas del narcotráfico, supuestamente a cambio de no perseguirlas, para ejecutar los crímenes.

Estados Unidos admite, sin embargo, que 15 de los 27 militares destituidos por el presidente Alvaro Uribe habían recibido capacitación norteamericana en los últimos años, de acuerdo con medios locales.

El retiro de los uniformados desató una ola de denuncias sobre episodios similares al de Soacha en varias regiones, en medio de críticas de la oposición de que la causa de las violaciones está en la política de ascensos militares y en el pago de recompensas a civiles que cooperen en la lucha antiguerrilla.

La Fiscalía tramitaba a finales de octubre unos 700 casos de homicidios atribuidos a la fuerza pública, sobre 1.137 víctimas, dijo a la AFP una fuente de la entidad.

Varias de esas muertes estarían ligadas a “falsos positivos”, como se denomina en Colombia los supuestos montajes oficiales para reclamar éxitos.

Bogotá es el primer aliado del gobierno de George W. Bush en América Latina y principal receptor de ayuda norteamericana en el marco del Plan Colombia antidrogas y contra los grupos ilegales, por el cual el país recibió más de 5.000 millones de dólares desde el año 2000.

Uribe sostiene que esa ayuda es clave en su política de mano fuerte contra los rebeldes, la cual, asegura, tiene al borde de la derrota a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero la Oficina de Auditoría General (GAO) del Congreso estadounidense señaló el jueves que aunque hay progresos en seguridad, el Plan Colombia no ha cumplido las metas sobre reducción del narcotráfico.

La evaluación solicitada por el senador Joe Biden, ahora vicepresidente electo de Estados Unidos, recomendó medidas para trasladar a Bogotá el financiamiento de la iniciativa, lo que sugiere recortes adicionales a los previstos.

Analistas como Laura Gil, experta en política exterior, aseguran que si bien la alianza con Washington “no cambiará en sus fundamentos” con el gobierno de Barack Obama, es previsible que el énfasis se traslade a los derechos humanos.

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