La cumbre del G-20

Los países más ricos, junto con una serie de economías emergentes, se reunieron este fin de semana pasada en Nueva York para buscar caminos de salida a la crisis económica mundial.

Entre otros problemas, las instituciones financieras mundiales suman unas pérdidas o paralizaciones de dinero que superan los 960.000 millones de dólares.

La especulación, la falta de transparencia, la escasez de ética, incluso la corrupción en algunas ocasiones, son algunas de las causas múltiples de estas pérdidas, que han encarecido automáticamente el crédito y han impedido el acceso al mismo para muchos empresarios. Crisis que ya se siente en El Salvador en el campo de la construcción.

De algún modo esta crisis señala un antes y un después en el triunfalismo con que se venía hablando del mercado libre, especialmente desde la caída del comunismo.

Los países del G-20 han consensuado una serie de medidas para enfrentar la crisis, comprometiéndose en general a una supervisión mayor de los mercados al tiempo que se garantiza la libertad de los mismos.

Por otra parte, se cae en la cuenta de la necesidad de mantener una relación más amplia con otros estados y economías emergentes, superando las reuniones del G-7, el grupo de los países más ricos del mundo, que desde su propia abundancia hablaban y planificaban las estrategias que debían regir la economía mundial.

Los países en vías de desarrollo tienen ahora una representación en el grupo y hay conciencia de que las soluciones no vienen exclusivamente de quienes tienen más. Al contrario, han sido en esta ocasión quienes tienen más los que han generado esta crisis mundial.

Las soluciones, dentro de una economía de mercado, avanzan en la ruta de la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en los productos financieros complejos. También en la promoción de la ética, que incluye el proteger e impedir el uso del sistema financiero en operaciones vinculadas al terrorismo o el narcotráfico.

La presencia en esta reunión de los países económicamente emergentes, como Brasil y otros, determina también la necesidad de modernizar la instituciones financieras internacionales, dar mayor espacio en ellas a los países en vías de desarrollo, y establecer mecanismos de supervisión que puedan anticipar problemas económicos globales.

Aunque algunos países se han comprometido en seguir aportando dinero a los bancos internacionales que promueven el desarrollo, el tema de quién acaba sufriendo más las consecuencias de la crisis no se tocó a fondo.

Como tampoco se profundizó en el tema fiscal, aunque se mencionó la necesidad de repensar o utilizar adecuadamente las políticas fiscales. Lo cierto es que los países más pobres serán los que sufrirán con mayor fuerza las consecuencias de la crisis. El Salvador ha experimentado ya un crecimiento de la pobreza. Estamos seguros que la mayoría de los países centroamericanos han sufrido también el impacto.

Las Iglesias, y la Católica en particular, han insistido con energía en que los pobres no vayan a sufrir más en estos tiempos de crisis y en que los estados desarrollados no rebajen sus aportes al desarrollo, todavía demasiado escasos, en general.

El problema ético de un mundo desarrollado que puede gastar más de 20.000 millones de dólares en helados durante el tiempo del verano boreal, mientras sigue habiendo hambre en el mundo, nos muestra tanto la indiferencia frente al dolor de los más pobres como la necesidad de replantearse con mucha mayor exigencia la ayuda al desarrollo.

En nuestros países en vías de desarrollo, con economías duales, que mantienen en una crisis permanente a los más pobres, mientras grupos reducidos aumentan a su favor las diferencias en el ingreso respecto a la mayoría de la población, la crisis plantea también exigencias de cambio.

Desde hace años venimos muchos insistiendo en la necesidad de llevar a cabo un pacto fiscal en El Salvador que permita por un lado no bajar la productividad del país y aumentar simultánea y sustancialmente la inversió

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