Fuerzan a médicos italianos a denunciar indocumentados

Roma.- El Senado italiano aprobó una enmienda al “paquete” sobre seguridad por la cual los médicos públicos se verán obligados a denunciar a los extranjeros indocumentados que acudan a ellos en busca de asistencia sanitaria.

Por 156 votos en favor, 132 en contra y una abstención fue aprobada la enmienda presentada por la gubernamental Liga del Norte.

La medida anula una norma que rechazaba que los médicos denunciaran a los indocumentados que recurren a la sanidad pública.

La aprobación se dio en medio del análisis del “paquete” sobre seguridad pública, que será votado globalmente esta misma tarde.

Para el senador de la oposición Daniele Bosone, con la enmienda se corre el riesgo de alentar una medicina paralela destinada a los indocumentados que quieran evitar ser denunciados en caso de acudir a una estructura pública.

“El riesgo es que indocumentados con enfermedades que traen de su país no se curen”, advirtió.

Para la senadora Anna Finocchiaro, del opositor Partido Democrático, “se ha superado el umbral que distingue entre el rigor de la ley y la persecución”.

Pero el presidente del Senado, Renato Schiffani, del gubernamental Partido del Pueblo de las Libertades, defendió la enmienda y aseguró que la misma no impide explícitamente a los extranjeros presentarse ante los hospitales públicos.

Sin embargo, el representante en Italia de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, Kostas Moschochoritis, criticó la decisión del Senado.

“Es una decisión que establece el fin del secreto profesional para el personal sanitario encargado de tutelar al paciente como ser humano, independientemente de cualquier otra consideración”, declaró.

Añadió que se trata de una medida “que creará en el inmigrante sin permiso de residencia y necesitado de atención médica una reacción de miedo y desconfianza, lo que podría crear una peligrosa marginación sanitaria para la población extranjera presente en el territorio”.

La normativa aprobada también prevé una pena de cárcel de hasta cuatro años para los inmigrantes con orden de expulsión que permanezcan en territorio italiano, y aumenta el impuesto para obtener el permiso de residencia de 80 a 200 euros.

Asimismo, prevé censar a los vagabundos residentes en Italia y la lista respectiva quedará en poder del Ministerio del Interior.

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