Preocupan a ONU y OEA ataques de Uribe contra periodista colombiano

Los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la OEA manifestaron su preocupación por la reiterada hostilidad del gobierno colombiano en contra de organizaciones de derechos humanos y periodistas críticos del régimen.

En una declaración conjunta difundida este lunes, Frank La Rue y Catalina Botero se refirieron a las recientes declaraciones del presidente colombiano Alvaro Uribe sobre el periodista colombiano Hollman Morris, que derivaron en amenazas contra el comunicador.

De acuerdo con la información recibida, el pasado 2 de febrero Morris asistió en su condición de periodista a la liberación de cuatro rehenes en un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento del Caquetá.

En una rueda de prensa posterior, Uribe dijo que Morris “se escudaba en su condición de periodista para ser permisivo cómplice del terrorismo, una cosa son aquellos amigos del terrorismo que fungen como periodistas y otra cosa son los periodistas”.

Uribe se sumó así al coro de críticas de parte de otros altos funcionarios colombianos contra Morris, director del programa periodístico Contravía, y contra quien la Fiscalía General colombiana anunció este lunes en Bogotá haber abierto una investigación preliminar.

El mandatario dijo que Morris “se aprovechó de su situación de periodista e hizo una fiesta terrorista en un sitio alternativo al de la liberación del soldado y de los policías, el pasado domingo”.

Tanto La Rue, relator de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, y Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, negaron conocer algún vínculo de Morris con actividades criminales.

Ambas instancias recordaron que en anteriores oportunidades, Morris ha tenido que salir de Colombia por la existencia de graves amenazas contra su vida. Morris es beneficiario de medidas cautelares ante la CIDH desde 2000.

En años recientes, ambas relatorías han manifestado reiteradamente su preocupación por los señalamientos por parte de altos funcionarios del gobierno colombiano contra organizaciones de derechos humanos y periodistas críticos.

La Rue y Botero reiteraron las recomendaciones de sus predecesores frente a la existencia de declaraciones de las más altas autoridades del gobierno, “que ponen en mayor riesgo la vida y la integridad personal de los periodistas y defensores de derechos humanos”.

De igual forma indicaron que tales manifestaciones “generan un efecto amedrentador y de autocensura en Colombia”.

Recordaron el deber que tienen los funcionarios públicos, especialmente los que ocupan las más altas posiciones del Estado, para respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses y posiciones.

Llamaron además al Estado colombiano a cumplir su obligación de proteger, en particular de quienes enfrentan situaciones de riesgo extraordinario como los periodistas o defensores de derechos humanos que han sido objeto de amenazas o que cuentan con medidas de protección.

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