Congreso uruguayo evalúa legitimidad de amnistía a represores de dictadura

MONTEVIDEO (AFP) – El Congreso uruguayo analizará el miércoles, a propuesta del oficialismo, la legitimidad de la ley de 1986 que evitó juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-85), en medio de críticas de la oposición.

El presidente de la Asamblea General y vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, convocó para este miércoles al máximo órgano representativo, a los efectos de formalizar la respuesta que elevará a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sobre la procedencia de la llamada Ley de Caducidad.

“Estamos en conocimiento de presiones ejercidas por el presidente de la Asamblea, a través del secretario del senado, para que la división jurídica del Poder Legislativo se expida en el mismo sentido que el Ejecutivo”, subrayó a la AFP el senador opositor Julio Lara, en la antesala de la sesión.

Aprobada en 1986 y ratificada en una consulta popular en 1989, la norma que dejó sin castigo a militares y policías por los crímenes cometidos bajo el régimen de facto, fue considerada inconstitucional hace una semana por el Poder Ejecutivo.

El pronunciamiento se produjo ante una consulta de la SCJ que tiene aplicación al caso concreto de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray asesinada en 1974 en una unidad militar.

“Lo primero que plantearé será una reunión de bancada con los profesionales que fueron presionados cuando elaboraban un informe que señalaba que la ley era constitucional”, indicó Lara, quien acusó al partido de gobierno de fomentar un debate como eje de campaña electoral, de cara a los comicios presidenciales del mes de octubre.

Por su parte, la senadora oficialista Margarita Percovich, sostuvo que a los poderes Ejecutivo y Legislativo “no les corresponde emitir opinión” y apuntó que la inquietud denota “una debilidad muy grande” de la SCJ.

Empero, subrayó que “desde el momento que la ley establece que el Ejecutivo está por encima del Judicial -al permitirle excluir determinados casos de la amnistía y habilitar su investigación-, ya la convierte en inconstitucional”.

Percovich, adelantó que Nin Novoa citó a la Asamblea General “para dar cuenta de la resolución que tomó como presidente y que consiste en allanar la pretensión fiscal”, en sintonía con la determinación del Ejecutivo.

Independientemente de las posiciones, la resolución final estará en manos de los ministros de la SCJ, que si bien no tiene plazo para la promulgación, suele expedirse en un período de seis meses a un año.

El debate, que puede abrir las puertas al enjuiciamiento de más militares, se instaló en el país en un momento en que organizaciones sociales y sindicales llevan recogidas más de 200.000 firmas para convocar un plebiscito que permita anular la ley.

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