Gestionan inversionistas mexicanos defraudados demanda a Stanford

Dallas, 24 Feb (Notimex).- Inversionistas mexicanos solicitaron
hoy al juez estadunidense responsable del proceso al financiero
Robert Allen Stanford, acusado de fraude, una autorización para
presentar sus demandas en México.

Los mexicanos David Quintos y Diana Dimitiova interpusieron ante
el juez estadunidense David Godbey, de la corte federal del Distrito
Norte de Dallas, una “moción de licencia para proceder en otro foro”,
a fin de tratar de recuperar sus inversiones bajo las leyes
mexicanas.

Quintos y Dimitiova son dos de cientos de inversionistas
afectados que no pueden retirar sus ahorros, luego que la semana
pasada, un juez ordenó intervenir las compañías financieras de
Stanford y congelar todos sus bienes.

El juez designó al abogado Ralph Janvey, de Dallas, como
interventor de las compañías y de los bienes de Stanford.

La intervención del juez se dio luego de que la Comisión de
Valores (SEC) de Estados Unidos acusó a Stanford de haber orquestado
un fraude a inversionistas, mediante certificados de depósito por
unos ocho mil millones de dólares.

Quintos y Dimitiova dijeron que invirtieron en certificados de
depósito emitidos por el Stanford International Bank (SIB) en San
Antonio, y argumentaron que cuentan con derechos bajo las leyes
mexicanas, además de sus reclamos bajo las leyes de Estados Unidos.

Como ciudadanos y residentes de México, los inversionistas
argumentaron poseer derechos y reclamos legales bajo las leyes
mexicanas, las cuales les ofrecen un “alivio” no disponible en las
leyes estadunidenses.

El representante legal de los mexicanos, Randy Pulman, argumentó
en la moción que el Código Federal de Procedimientos Civiles en
México autoriza a los demandantes a reclamar “daños morales” y a
recuperar costos y pagos de abogados.

Pulman, fundador y socio de la firma de abogados Pulman,
Cappucio, Pulman & Benson LLC, de San Antonio, dijo que en este caso
“el gobierno estadunidense no representa adecuadamente” los intereses
de quienes no son ciudadanos o residentes de Estados Unidos.

“Estados Unidos tiene presumiblemente un interés en defender
efectivamente los derechos de los ciudadanos estadunidenses que
invirtieron en certificados de depósitos emitidos por el SIB”,
dijeron.

Sin embargo, apuntaron, “está más allá de su área de obligación
el representar y perseguir los intereses de nacionales extranjeros”.

En consecuencia, “es difícil ver como un fiscal del gobierno de
Estados Unidos, puede simultáneamente representar los intereses de
ciudadanos estadunidenses y de nacionales extranjeros en este caso”,
escribió Pulman.

Señaló además que “ante el punto de que existe una limitada
cantidad de bienes de donde se pagarán las recuperaciones”, el
receptor (Janvey) pudiera escoger pagar a inversionistas
estadunidenses primero que a nacionales extranjeros”.

“Cada dólar de la recuperación asignado a inversionistas
extranjeros, es un dólar no disponible para ser pagado a los
inversionistas estadunidenses”, apuntó Pulman en la moción.

Quintos y Dimitiova señalaron al juez que en caso de que la
Corte les niegue la autorización para proceder “en otro foro”, se
reservan el derecho de solicitar el intervenir en el actual proceso
bajo las leyes estadunidenses.

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