Fuga de cuatro presos revela vulnerabilidad de sistema penal peruano

Lima.- La fuga de tres narcotraficantes y un preso común que utilizaron documentos falsos reveló que el sistema penitenciario peruano está en crisis, y llevó a funcionarios del Ministerio de Justicia a comparecer ante el Congreso.

La ministra de Justicia de Perú, Rosario Fernández, y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, tuvieron que explicar al Legislativo las causas por las cuales se vulneró el sistema de seguridad de los penales de Castro Castro y Lurigancho.

Caparrós admitió que son cuatro y no dos -como se divulgó en la prensa- el número de prófugos, tras lo cual anunció que había puesto su cargo a disposición de la ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien fue cuestionada por los legisladores.

Una comisión de Justicia del Congreso unicameral peruano investiga este caso, que se registró el año pasado y que ha sido considerado como el más vergonzoso en la historia del INPE, ya que los presos salieron por la puerta principal.

Caparrós dijo que los presos utilizaron órdenes judiciales falsificadas para salir tranquilamente, para lo cual utilizaron a supuestos abogados que llegaron hasta el recinto a la excarcelación de los detenidos.

Pero aclaró que no hay más casos similares y anunció drásticas sanciones para los responsables, sin detallar quiénes están involucrados en este hecho.

Los narcotraficantes Aníbal Zapata Avalos, de Colombia, y el peruano Christian Motte Ramírez Gastón, hicieron uso de recursos falsos de “habeas corpus”, es decir, el derecho del detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal.

Ambos sorprendieron a las autoridades penitenciarias y escaparon del penal Canto Grande y Lurigancho, al noreste de la ciudad de Lima, lo cual le costó la salida del cargo a tres trabajadores del INPE y la renuncia del titular Leonardo Caparrós.

Caparrós dijo que el pasado 15 de diciembre también se fugaron otros dos internos Walter Avilés Villar (preso por narcotráfico) y Felipe Cavaza Tello, por delincuencia.

Los dos cumplían condena en el penal de Lurigancho y utilizaron a una falsa secretaria de juzgado para entregar una orden judicial también adulterada.

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, garantizó que habrá drásticas sanciones contra los responsables. “Mi despacho censura y lamenta los hechos”.

“Quiero que tengan la absoluta seguridad que las acciones que tuviesen que realizar derivarán en las sanciones más drásticas, seremos inflexibles”, precisó la funcionaria.

Señaló que los peruanos son testigos del esfuerzo que realiza el Estado para mejorar el sistema penitenciario, lo cual es afectado por situaciones como éstas.

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