Elaboran en Chicago plan de reforma migratoria

Chicago.- Organizaciones comunitarias de estadounidenses de origen mexicano elaboraron un proyecto de reforma migratoria en el que plantean una legalización de indocumentados basada en la unidad de la familia y el empleo.

El proyecto plantea legalizar a las personas que han sido desplazadas como un efecto de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La legalización se otorgaría a trabajadores y sus familias que han residido en Estados Unidos por más de dos años y a quienes documenten logros personales, educativos y de ayuda comunitaria.

Además, los solicitantes deberán estar casados, tener responsabilidades económicas como una hipoteca o un crédito, que sus hijos tengan buen desempeño escolar o bien que alguno de ellos pertenezca a las fuerzas armadas o la Guardia Nacional.

El proceso para obtener la residencia permanente tendría cuotas bajas y se daría en un plazo de dos años, mientras que para solicitar la ciudadanía se llevaría cinco años.

La iniciativa es resultado de una asamblea convocada por el Frente Unido pro Inmigrantes, que dirige Carlos Arango, en la que participaron cerca de 20 organizaciones de la comunidad mexicana.

Es una propuesta “que surge de la comunidad, plantea un trámite de legalización ágil, que tiene prioridades bien definidas, con igualdad de oportunidades para quienes están dentro del país y en lista de espera, y que define un camino abierto a la ciudadanía”, dijo Arango este martes en entrevista con Notimex.

El documento propone reformas para que todos los inmigrantes sean tratados de “una manera más humana” y que puedan regularizar su estatus migratorio, añadió.

Plantea que el tema de la inmigración legal se considere un asunto laboral y no de seguridad interna, además de buscar la protección de la unidad familiar para facilitar la reunificación de sus integrantes.

Además, propone aumentar el número de visas a países de donde procede la mayor cantidad de inmigrantes, en especial a familiares inmediatos de ciudadanos de Estados Unidos; reducir las cuotas de acuerdo al tamaño de la familia y acortar los periodos de espera.

El proyecto también establece un plan de trabajadores huéspedes, asegurando un trato apropiado y humano, así como protección sindical.

Asimismo plantea evitar la repatriación de menores de 18 años, revisar las leyes que actualmente criminalizan al indocumentado y establecer, en lugar de la deportación, el servico comunitario y otras opciones para los detenidos.

De acuerdo con la propuesta, las infracciones de tránsito y por conducir sin licencia serían excluidas de los historiales, pero no así las detenciones habituales relacionadas con el consumo de alcohol.

Se suspenderían los actuales procesos de deportación de inmigrantes con probada calidad moral y con cinco años de residencia continua, además de que se revisarían los acuerdos comerciales internacionales que contribuyen a la inmigración indocumentada.

Plantea también establecer reglas para las incursiones que realizan los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, prohibiendo las detenciones masivas y al azar de inmigrantes en sus lugares de trabajo, así como el uso retroactivo de leyes migratorias.

Establece que la vigilancia de la frontera deberá ser sólo atribución de la Patrulla Fronteriza y no de la Guardia Nacional, además de destinar los fondos destinados a edificar el muro fronterizo a mejoras en infraestructura doméstica.

Este país no puede proclamarse como “faro de la “imparcialidad en el mundo” si no protege los derechos civiles y constitucionales de todas las personas que residen en él, “sin importar si han alcanzado un estado migratorio correctamente documentado”, sostuvo Arango.

Destacó que a diferencia de las iniciativas de reforma migratoria presentadas en el Senado y la Cámara de Representantes en 2007, esta propuesta ubica el tema en el terreno laboral y no de seguridad nacional, lo que desecha el trato de criminal que se ha buscado dar al indocumentado

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