No hay rescate para los más golpeados

Por Amy Goodman

La utilización de dinero del rescate financiero—dinero aportado por los contribuyentes—para el pago de primas de AIG ha provocado, con razón, una virulenta reacción masiva contra la aseguradora y contra Wall Street.

Pero también contra el presidente Barack Obama y sus asesores económicos–el Secretario del Tesoro Timothy Geithner y Larry Summers.

Con el rescate financiero, los ciudadanos estadounidenses pasaron a ser propietarios del 80 por ciento de AIG. La indignación se hizo notar tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano.

El Senador republicano por Iowa Charles Grassley dijo sobre los ejecutivos de AIG: “Lo primero que me haría sentir un poco mejor con ellos es que siguieran el modelo japonés, hicieran una profunda reverencia ante el pueblo estadounidense, se disculparan y luego optaran por una de estas dos alternativas: renunciar o suicidarse.”

El Fiscal General de Nueva York Andrew Cuomo acaba de difundir detalles del pago de primas que dejan en evidencia la absurda afirmación de AIG de que se trata de “primas de retención” dirigidas a conservar a empleados clave: once de los ejecutivos que recibieron primas de un millón de dólares ya no trabajan para AIG.

Estos millonarios de AIG tendrían que devolver estas fortunas que no ganaron con su trabajo, y de hecho cabe la posibilidad de que el Congreso apruebe una ley impositiva exclusivamente para ellos, que grave sus primas en un 100 por ciento.

Pero, para quienes han sido los más golpeados por la crisis económica, ¿servirá de algo toda esta indignación? ¿Llegará algo de los cientos de millones de dólares de los diversos paquetes de estímulo económico y rescates financieros al ciudadano común que simplemente intenta salir adelante?

¿O serán acaparados por las corporaciones consideradas “demasiado grandes como para ir a la quiebra”, dejando atrás a millones de personas que, por lo visto, son suficientemente pequeñas como para dejarlas quebrar?

El Centro para la Inclusión Social (CSI, por sus siglas en inglés) acaba de publicar un informe sobre la crisis económica que incluye recomendaciones sobre la mejor manera para resolverla. Vincula el factor racial con la falta de oportunidades y la proliferación de las tristemente famosas hipotecas de alto riesgo que desencadenaron la crisis económica.

Maya Wiley, Directora Ejecutiva de CSI, me dijo: “Para estimular la economía tenemos que estimular la igualdad.” La gente precisa educación, transporte, vivienda y un medio ambiente limpio, porque esos son los factores que les permiten tener una base sólida para responder a la crisis y salir adelante.

Wiley advierte que la propuesta de crear puestos de trabajo a partir de proyectos de infraestructura de rápida implementación (proyectos conocidos como ‘shovel-ready’) dirigidos a estimular la economía, favorecerá en forma desproporcionada a quienes ya trabajan en el sector de la construcción, que son predominantemente hombres blancos.

Por eso propone que se establezcan acuerdos de beneficios comunitarios para la creación de empleos.

Sobre este tema, Wiley me dijo: “Es necesario contar con acuerdos de beneficios comunitarios para las obras de construcción; debemos asegurarnos de que cuando el gobierno realice obras de construcción garantice que las personas de bajos ingresos, las personas de color y las mujeres accedan en igualdad de condiciones a esos puestos de trabajo.

Y debemos asegurarnos de que el presupuesto de tránsito, o más bien, el presupuesto de transporte se destine realmente a proyectos inteligentes de tránsito que conecten a la gente que necesita trabajo con los lugares donde están los puestos de trabajo.”

El grupo Unidos por una Economía Justa también pone énfasis en la brecha racial que existe en la distribución de la riqueza señalando que un “24 por ciento de la población negra y un 21 por ciento de la latina viven bajo la línea de pobreza, mientras que sólo un 8 por ciento de la población blanca se encuentra en esa situació

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